En
el debate suscitado por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la
nacionalidad, los opositores argumentan que este fallo viene a acentuar el
estado de “discriminación” que supuestamente se ejerce contra los haitianos que
se encuentran en el país.
Si
de veras la “discriminación” fuera tan generalizada, ¿cómo se explica que el
65.5 por ciento de los 458 mil 233 haitianos registrados en la Primera Encuesta
Nacional de Inmigrantes haya podido insertarse en la sociedad con trabajos
remunerados en la agricultura (35.7%), en la construcción (25.9%), en el
comercio (16.5%) y en otros servicios (10.4%)?
De
esos inmigrantes, el 92.6 por ciento reportó que posee acta de nacimiento de su
país y el 51 por ciento dijo tener cédulas haitianas. Esto confirma su verdadera
nacionalidad, de la cual no han sido despojados ni pueden correr ese riesgo,
porque la sentencia del Tribunal Constitucional no tiene ese efecto disolvente.
La
encuesta revela que el 49.5 por ciento de los inmigrantes haitianos vive en
casas independientes y que del total de los haitianos censados “son muy
reducidos los porcentajes de la población de inmigrantes de niños, niñas y
adolescentes y de personas de 45 y más años” lo que explica el hecho de que la
población de inmigrantes esté compuesta por hombres jóvenes entre 20 y 34 años.
Miles de ellos estudian en escuelas y
universidades dominicanas y no se conocen noticias de arrestos ni deportaciones
masivas de esos inmigrantes, como tampoco de aquellos que trabajan en hoteles,
transporte, explotación de minas y canteras y en otras actividades productivas.
En el Libro de Extranjería de la Junta Central
Electoral, los hijos de madres haitianas representan el 95.6 por ciento de los
inscritos, con 17,390 hijos nacidos en maternidades dominicanas, cuyos costos
de atención los asume el Gobierno “discriminatoriamente”, pues lo hace en
perjuicio de las parturientas dominicanas, que no cuentan con ese beneficio.
Lo mismo ocurre con los haitianos tratados de
sus accidentes o enfermedades en diversos hospitales ya que, según la misma
encuesta, el 91.8 por ciento de estos inmigrantes “no cuenta con un seguro de
salud”.
Si la “discriminación” fuese, en verdad, tan
generalizada, al Tribunal Constitucional no se le hubiese ocurrido proponer un
plan de regularización del estatus de esos residentes ilegales para que puedan
obtener sus documentos de residencia y hasta de ciudadanía si se acogen a los
requisitos de la ley.
Si se ajustaran a la ley, harían como otros
extranjeros que, en proporción de 40 y 50 personas, juran mensualmente por la
nacionalidad dominicana en ceremonias formales del Ministerio de Interior y
Policía. ¿Por qué los haitianos no lo hacen?
En momentos en que este debate se pone más
interesante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta noticia
circula por las redes: “El Servicio Jesuita a Refugiados para Latinoamérica y
el Caribe (SJR-LAC) denuncia que los migrantes haitianos son rechazados y
apresados en Brasil, Perú, Guyana Francesa y Ecuador, donde se registra un
endurecimiento de las políticas migratorias”.
¿Por qué, entonces, al país le cargan tanto
los dados de la “discriminación” y la “exclusión” si lo que el Tribunal
Constitucional ha hecho es flexibilizar las políticas en favor de la
regularización y no endurecerlas como aquellos? (LD)
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