En este caso, las autoridades señalan a los
militares Adán Benoni Cáceres, Juan Carlos Torres Robiu, Julio Camilo de los
Santos Viola, Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón Jiménez, Boanerges
Reyes Batista, Julio Camilo de los
Santos Viola y la pastora Rossy Guzmán Sánchez, entre otros como las cabecillas
del entramado.
En la estructura, de acuerdo al expediente de
más de 3000 páginas, Raúl Alejandro Girón y Boanerges Reyes, entre otros,
presentan un enriquecimiento que no “podrían justificar con sus ingresos
habituales, ni por lo percibido en la comunidad de bienes, por lo que tuvieron
que recurrir a testaferros y/o prestanombres para que administraran, quienes
percibían respectivos beneficios”.
Asimismo, mencionan como alguno de los
prestanombres a Epifanio Peña Lebrón y
Manuel de Jesús Alba Solano.
El grupo de militares adscritos al Cuerpo
Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y al Cuerpo de Seguridad
Presidencial (Cusep), para sustraer los fondos de las nóminas, de acuerdo a la
acusación, crearon un esquema con organización tipo pirámide, en donde, Juan
Carlos Torres Robiou y Adán Cáceres reclutaban las personas que iban a ser
incluidos en la nóminas y luego les sustraían el dinero que utilizaban además
de lavar activos para comprar inmuebles.
En el caso del Cuerpo de Seguridad
Presidencial (Cusep) Raúl Alejandro Girón Jiménez, hacían transferencias
electrónicas a las cuentas de las personas incluidas en dichas las nóminas.
Como cabeza recolectora Girón recibía grandes
cantidades de dinero a través de su hermano Vicente Girón Jiménez, quien figura
en el expediente.
De acuerdo al documento, en una ocasión Girón
recibió como transferencia por parte de su hermano, más de 45 millones de
pesos.
Con el dinero en su cuenta Girón Jiménez,
hacía entrega en efectivo al “acusado Rafael Núñez de Aza (NDA) y este cubría
los gastos y compromisos, además de adquirir propiedades para sus superiores
Juan Carlos Torres Robiou (D1) y Adán Benoni Cáceres Silvestre (ABC) y demás
miembros del entramado”.
El Ministerio Público asegura que cada cabeza
recolectora tenía su lista particular de personas para recoger mensual el
dinero, las cuales le hacían los depósitos, transferencias o entregas de dinero
en efectivo. Luego de recolectar el dinero de las nóminas, hacían la entrega en efectivo o por
transferencia bancaria al acusado Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien se
quedaba con un porciento y hacia entrega en efectivo, de la mayor parte del
dinero, al acusado Rafael Núñez de Aza, a quien le hacía entrega en su
residencia en Colinas del Oeste o en la oficina de la institución.
Boanerges Reyes Batista
Otro de los que también figuran como
beneficiario del dinero que supuestamente fue sustraído al Estado es el general
del Ejército Nacional Boanerges Reyes Batista, quien de acuerdo al expediente,
libraba fondos en el Cusep como subjefe de esa institución y adquirió varios
inmuebles.
El Ministerio Público señala que en 2014
Reyes Batista fue designado como director general del Cuerpo Especializado del
Metro (Cesmet). A partir de ese año se comienzan a librar los fondos para
operaciones de inteligencia a “nombre del General Julio Camilo de los Santos
Viola, fijándose una partida de ocho millones de pesos mensuales, además de entregarse fondos
especiales adicionales, como es el caso del mes de diciembre del 2016 cuando se
libraron varios cheques con un monto total de sesenta y un millón de pesos”.
El Ministerio Publico señala que a través de
varias empresas Junto a Adán Cáceres utilizando los recursos sustraídos del
erario, para adquirir diez inmuebles, consistente en solares continuos, en el
lujoso residencial Colinas del Oeste.
“Con lo anterior se verifica, que quien
realiza las negociaciones y los pagos en efectivo para la adquisición de los
referidos terrenos es el acusado Rafael Núñez de Aza, en nombre de Adán Benoni
Cáceres Silvestre, Boanerges Reyes Batista y Franklin Antonio Mata Flores,
posteriormente instruyendo a que la transferencia de los mismos se realizara a
nombre de la empresa Único Real State e Inversiones S.R.L., a través de la
acusada Rossy Guzmán Sánchez”, dice el expediente.
Epifanio Peña
Lebrón
La acusación también presenta varias personas
que fungían como prestanombres o testaferros de las cabecillas del entramado,
uno de ellos es Epifanio Peña Lebrón,
quien supuestamente era cercano a Adán Benoni Cáceres Silvestre y le sirvió a
este para la adquisición de propiedades con dinero proveniente de actos de
corrupción.
Peña Lebrón, laboró en el Cuerpo de Seguridad
Presidencial, donde se desempeñó con el rango de coronel abogado del Ejército
de República Dominicana, ocupando la función de Encargado del Departamento
Jurídico (Cusep), desde el 16 de agosto 2012 hasta el 01 de septiembre 2020,
durante los 8 años de gestión de Adán Cáceres.
El Ministerio Público dice que este ocultaba
propiedades que eran de Adán Cáceres, indicando el inmueble ubicado en la Calle
General Ramón Franco Bidó, no. 36, Torre Lice Carolina 3, apartamento C-5,
Bella Vista, Santo Domingo, Distrito Nacional. El inmueble está registrado a
nombre de la empresa acusada Único Real State e Inversiones, S.R.L., propiedad
de los Rossy Guzmán Sánchez y su hijo
Tanner Antonio Flete Guzmán.
“El mismo al ser tasado, en fecha 06 de abril del 2022, a solicitud del Ministerio Público, se determinó que posee un valor de DOP 5,870,000.00, indican.
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