Rafael Peralta Romero
Un tecnócrata que quiso hacerse el
gracioso habría sugerido
una forma de obtener más de cien
millones de pesos en unos días. Le
pareció al Presidente que esto era bueno y de ahí surgió que el gobierno les
amargara a los ciudadanos el último fin de semana de 2013, con la irritante exigencia de someterse a esa burla llamada
“revista vehicular”.
Cuando todavía gran número de
propietarios de vehículos formaban filas para pagar el impuesto por el derecho de circulación, es decir el
marbete equivalente a la placa, unos
voceritos gubernamentales lanzaban la
advertencia de que a partir del martes
31 ningún automóvil podría
transitar sin la llamada revista.
Entonces vino el caos y el
estrés. Miles de propietarios se
aglomeraron gregariamente en la periferia del Ministerio de Obras
Públicas para acogerse al escarnio de un chequeo a su auto. En las filas
estaban vehículos nuevos, otros ostensiblemente
en magnífico estado, y sus conductores
expuestos a las garras de empleados
deseosos de ser sobornados.
Sin embargo, están libres de este
chequeo las cientos de chatarras del servicio
público que van dejando en sus rutas
sendos rastros de humo y de ruido. Es así que los abnegados obreros
del volante se ganan el sustento familiar, aunque no piensen que la población
que monta esos “carros” merezca un servicio más digno.
La revista es presuntamente una inspección
para certificar que el vehículo reúne
las condiciones necesarias para transitar.
El propietario debe pagar
cuarenta y cinco pesos por ese “favor”.
Pienso que el único privilegio que se justifica para la clase alta es
librar sus autos de este burdo simulacro de inspección, pues éstos suelen estar bien.
Ante la tirante situación
creada por la susodicha fiscalización, el ministro de Obras Públicas dispuso extender el
plazo de expedición. Ahí es cuando retoma la palabra otro minúsculo funcionario para advertir que: “Quien no haya renovado la revista el 7
de enero, no podrá transitar en su vehículo por nuestras calles”. Pero ¿usted
ha visto?
Cada unidad automotriz que entra a
República Dominicana ha de pagar
impuestos aduanales
equivalentes casi al total de su
precio en el exterior, deberá pagar una
suma considerable por el truco llamado
“primera placa”, debe pagar cada año el
derecho a circulación, en proporción al costo y tiempo de uso del vehículo.
Entonces, ¿quién autoriza a ese
pequeño funcionario a lanzar semejante amenaza, azuzando a los agentes de la Amet (Autoridad Metropolitana del
Transporte) para que embistan a la
ciudadanía con instrucciones de retener
el vehículo? La llamada revista es una burla. Creo que al pueblo dominicano no le caben más escarnio ni atropellos.
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