Yudelka Domínguez
Santo Domingo, LD.- El
mes de abril fue uno muy ajetreado para el gobierno del presidente Luis
Abinader.
La paralización de la
construcción del muro fronterizo, las mafias para la entrega de visas por los
consulados de República Dominicana, el atropello al Defensor del Pueblo y
varios periodistas en el Canódromo de retención de vehículos, la huelga de 24 horas organizada por asociaciones
populares del Cibao, el asesinato de un joven detenido en San José de Ocoa, el
informe de los Estados Unidos que revela que la Policía Nacional y agentes del
gobierno tratan de forma “inhumana o degradante” a ciudadanos, son algunos de
los 12 puntos que perjudicaron el accionar del Gobierno dominicano en el
finalizado mes.
El Canódromo
El pasado 10 de
abril, agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte
Terrestre (Digesett), con asiento en el Canódromo, ubicado en la intersección
de las avenidas República de Colombia y Monumental, agredieron al Defensor del
Pueblo, Pablo Ulloa y a varios periodistas cuando intentaban hacer una visita
al lugar luego de reportajes publicados por Listín Diario, sobre las
condiciones en que se encuentran los miles de vehículos allí abandonados.
Además de agredir de
forma física a los miembros de la Defensoría del Pueblo y a los periodistas de
Listín Diario y CDN, los agentes encabezados por la coronela Ysabelita de los
Santos Pérez dañaron equipos de los reporteros, se apropiaron de las cámaras y
celulares de los periodistas de este medio y los entregaron luego de varios
días, sin las grabaciones que contenían el atropello cometido.
En un comunicado la
Digesett informó que destituyó a de los Santos Pérez y días más tarde pidió
disculpas a Listín Diario y CDN por el maltrato injustificado, sin que se tenga
algún tipo de información de los demás agresores que encontraban en el lugar y
las acciones que se han llevado a cabo para revertir este suceso.
Paralizan muro fronterizo
Aunque el presidente
Luis Abinader, a mediados de febrero, se trasladó a la provincia de Dajabón
para dejar iniciados los trabajos de la construcción del muro fronterizo con
Haití, los trabajos a cargo del Ministerio de Defensa no han podido avanzar
debido a los propietarios de los terrenos donde será levantada la muralla.
“Hay algunos
ciudadanos que están ocupando terrenos, son dueños de terrenos y parte de ellos
van hacer utilizados para la verja y quieren alguna seguridad”, dijo el
ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz
Morfa a periodistas.
La seguridad que
reclamaban los propietarios de los terrenos era la tasación de sus tierras para
el pago de sus terrenos. De acuerdo a las informaciones, el pasado 29 de abril
se ha llegado a un acuerdo con ellos y los trabajos podrán continuar.
El Gagá
Las autoridades de
Salud Pública de San Pedro de Macorís prohibieron la celebración del gagá en la
Semana Santa en esa ciudad por cuestiones de “seguridad”, según el director
provincial de Salud, Juan Ramón de los Santos.
La información, que
causó rechazo entre varios sectores de la población, fue negada por Salud
Pública, que se desligó indicando que la medida fue “una decisión que adoptaron
las autoridades municipales de San Pedro de Macorís”.
Otro institución que
negó que había prohibido esta manifestación fue el Ministerio de Cultura, al
indicar que una decisión de tal naturaleza no se corresponde con su misión, que
es la de promover y proteger la cultura.
Estos rituales fueron
celebrados en varias provincias del país.
Las mafias de los consulados
Luego de más de un
año y tres meses de investigación, Listín Diario presentó una serie de
reportajes sobre la mafia que tienen los diversos consulados de República
Dominicana apostados en distintos países del mundo, en especial la situación
que se da con los cinco consulados dominicanos instalados en Haití.
Desde el 2015 hasta
el 2020 las misiones consulares de Puerto Príncipe, Juana Méndez, Anse-A-Pitre,
Belladere y Cabo Haitiano, recaudaron al menos 79.5 millones de dólares por la
emisión de visas, quedándose los consulados con al menos US$67,902,105. Dinero
que fue manejado a discreción, sin que se tengan detalles en qué se
invirtieron.
De acuerdo a las
historias, las misiones consulares violaban la resolución 2-07 del Ministerio
de Relaciones Exteriores, que norma los usos que se les debe dar a ese dinero y
el monto a cobrar. A pesar de que el valor más alto para la emisión de una visa
es de 60 dólares en esos consulados se cobran hasta 500 dólares por la emisión
del documento.
La situación de alza
de los precios también se registra en consulados de Estados Unidos y Europa
donde se cobra por encima de lo estipulado para la entrega de pasaportes y
otros documentos.
Los dos reportajes
presentaron además, violaciones a la Ley de Libre Acceso a la Información
Pública, ya que las instituciones como el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Migración, no suministraron, en la mayoría de los casos, la totalidad de las
informaciones requeridas.
SIP y República Dominicana
Las diversas
denuncias de maltrato a los periodistas y medios de comunicación por parte de
instituciones del Gobierno, llevaron a la Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP), en su reunión de medio año sobre las libertades de prensa, no sólo a
condenar el maltrato que recibieron los periodistas en el Canódromo, sino que
también la institución a través de una resolución colocó a República Dominicana
dentro de los países que restringen los derechos constitucionales y las leyes
de acceso a la información pública, manteniendo una “cultura del secreto”.
Asesinato en San José de Ocoa
El pasado 17 de
abril, la Policía Nacional de San José de Ocoa asesinó a golpes a José Gregorio
Custodio. El joven, quien se encontraba alcoholizado, fue denunciado ante las
autoridades por su esposa, Johanny Casado, de que estaba violento.
El hombre, quien
había entrado a una clínica, fue sacado sin orden judicial por los agentes,
esposado de espaldas y estrellado al pavimento. Los agentes le colocaron una
bota en el cuello, lo tiraron en la parte trasera de una camioneta y lo
condujeron al destacamento.
La noche de ese día
fue llevado al hospital San José por los agentes, quienes según familiares lo
masacraron a golpes. En ese hospital murió.
Por el caso, la
Policía Nacional movió a otra demarcación a los agentes que cometieron el
crimen.
