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Santo Domingo, República Dominicana, 19 de mayo de 2026.
La Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres informó que más de 80
organizaciones, activistas, académicas y personas de distintos sectores de la
sociedad han firmado una carta abierta que exige al Estado dominicano asumir la
crisis de feminicidios como una prioridad nacional y adoptar medidas urgentes
para proteger la vida de las mujeres.
La carta, titulada “¡Ni una menos! La vida de las mujeres
exige Estado, justicia y educación para la igualdad”, surge en un contexto
alarmante: en menos de cinco meses de 2026, al menos 32 mujeres han sido
asesinadas por razones de género en el país.
La Coalición anunció que, a partir de esta semana,
cualquier persona podrá adherirse públicamente a la carta a través de la
plataforma feminicidios.do.
La recolección de firmas continuará en los próximos días
con el objetivo de sumar más voces ciudadanas y aumentar la presión pública
para que las autoridades adopten políticas efectivas y sostenidas para prevenir
la violencia machista.
La principal exigencia: una respuesta nacional con
acciones concretas
Las organizaciones firmantes demandan al presidente de la
República y a todas las instituciones del Estado la Declaratoria de Emergencia
Nacional por Feminicidios y Violencia de Género, acompañada de un plan integral
con presupuesto suficiente, metas públicas, coordinación interinstitucional y
mecanismos de rendición de cuentas.
La carta también plantea medidas específicas, entre
ellas:
● La aprobación inmediata de la Ley Orgánica para la
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres.
● Auditoría con participación independiente, incluyendo
al movimiento feminista, a las familias de las víctimas y a observatorios
sociales, del funcionamiento de la Policía Nacional y de la Procuraduría
General en su respuesta a la violencia de género.
● Mecanismos efectivos de localización, persecución y
procesamiento de los agresores, porque las mujeres no son las que tienen que
esconderse.
● El desarme y separación del servicio de agentes
policiales o militares con denuncias documentadas de violencia de género.
● La integración de la educación para la igualdad en el
currículo escolar.
● Presupuesto adecuado y sostenido para el Ministerio de
la Mujer, las casas de acogida en todo el territorio y los programas de
autonomía económica para mujeres en situación de violencia.
● Reparación integral para hijas e hijos que quedan en la
orfandad a causa de feminicidios.
La Coalición advirtió que los feminicidios no son hechos
aislados, sino la consecuencia de un sistema institucional que no logra
prevenir, proteger ni responder con eficacia ante las denuncias de violencia.
“Las mujeres no pueden seguir dependiendo de la suerte, del silencio o de su
capacidad individual para escapar. El Estado tiene la obligación de garantizar
que vivir libres de violencia sea un derecho real”, señala el documento.
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