Periodista Digital: EFE cooperativa.cl
Además, remarcó que los adultos mayores son parte de los
"sectores más vulnerables de nuestra Nación" y que están
"protegidos convencionalmente".
La Justicia argentina ordenó este jueves la liberación de 114 personas detenidas durante la manifestación del miércoles en los alrededores del Congreso en apoyo a los jubilados, al considerar que estaban en juego "el derecho a la protesta" y "la libertad de expresión".
La jueza Karina Andrade, titular del Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal de Buenos Aires, dispuso la "inmediata soltura"
de los detenidos por su participación en la movilización en defensa de los
derechos de los jubilados.
"Se encontraban en juego derechos constitucionales
fundamentales como son el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia,
a peticionar ante las autoridades, a la libertad de expresión", aseguró en
su fallo.
La protesta fue en apoyo a la actualización de pensiones,
la restitución de la cobertura de medicamentos y la continuidad de la moratoria
previsional, que vence en marzo y permitía acceder a una pensión a quienes no
contaban con suficientes años de aportes.
"Nuestra Constitución reconoce el derecho a la
protesta, el cual incluye el derecho a manifestarse, a circular libremente, a
peticionar y a criticar a las autoridades. En democracia, toda persona debe
poder expresarse, peticionar ante las autoridades, asociarse, reunirse y
manifestar su parecer y, sobre todo, su disconformidad con las decisiones
gubernamentales", resaltó Andrade.
La jueza remarcó que los adultos mayores son parte de los
"sectores más vulnerables de nuestra Nación" y que están
"protegidos convencionalmente".
Según Andrade, la información sobre las detenciones
"se volvía imprecisa y dificultosa", las fuerzas de seguridad dejaron
de brindar detalles sobre las detenciones, como la hora y lugar donde
ocurrieron y tampoco informaban qué delitos específicos habían cometido los
detenidos o el sitio donde serían alojados.
"La complejidad de derechos en juego para informar y
determinar la existencia de una conducta penal impide la aplicación del trámite
de flagrancia", justificó la magistrada, tras emitir la orden de pronta
liberación de los detenidos.
En tanto, la jueza porteña Susana Parada, también
intervino en el caso para solicitar a los jefes de la Policía Federal Argentina
y de la Ciudad de Buenos Aires un informe que identifique y contabilice el
número de personas detenidas, junto con las autoridades policiales intervinientes,
después de un 'Habeas Corpus' presentado por dirigentes políticos de izquierda.
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