Por Tierney Sneed, Priscilla Álvarez
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El caso vuelve ahora a la corte inferior para
procedimientos adicionales en torno al último intento de Biden de poner fin al
programa. Sigue vigente una retención sobre el intento de Biden de poner fin al
programa, pero el fallo de este jueves sugirió que esa orden debería ser
levantada en breve.
El Tribunal Supremo dijo por 5 a 4 que la ley de
inmigración da al gobierno federal la discreción de poner fin al programa, que
envía a ciertos ciudadanos no mexicanos que entraron en los EE.UU. de vuelta a
México —en lugar de detenerlos o liberarlos en los Estados Unidos— mientras que
sus procedimientos de inmigración se desarrollaron.
Escribiendo para la mayoría, el presidente de la
Corte Suprema, John Roberts, dijo que "el Congreso confirió la autoridad
de retorno al territorio contiguo en términos expresamente
discrecionales".
A Roberts se unieron los jueces liberales y el juez
Brett Kavanaugh, quien también presentó una opinión concurrente. Los jueces
Samuel Alito y Amy Coney Barrett escribieron opiniones disidentes a las que se
sumaron los demás disidentes.
Con su fallo, el tribunal dijo que los tribunales
inferiores deben considerar ahora si el gobierno cumplió con el derecho
administrativo con el intento más reciente que la administración Biden hizo
—con un memorando presentado en octubre— para poner fin a la política de la era
Trump.
Desde el inicio de su administración, Biden ha
intentado poner fin a esta política, que devuelve a México a determinados
ciudadanos no mexicanos que entraron en EE.UU. —en lugar de detenerlos o
liberarlos en Estados Unidos— mientras se desarrollan sus procedimientos de
inmigración.
La propuesta de Biden de poner fin al programa
había sido impugnada en los tribunales por una coalición de estados rojos
encabezada por Texas, que argumentaba que poner fin al programa era contrario a
la ley de inmigración. También argumentaron que la administración violó la Ley
de Procedimiento Administrativo —que requiere que las agencias tomen ciertas
medidas de procedimiento al implementar la política— en la forma en que se
deshizo del programa, formalmente conocido como Protocolos de Protección de
Migrantes.
El programa, que se implementó por primera vez en
2019 bajo el entonces presidente Donald Trump, ha sido criticado por los
defensores de los derechos de los inmigrantes, que argumentan que es inhumano y
que expone a los solicitantes de asilo con solicitudes creíbles a condiciones
peligrosas y escuálidas en México.
Antes de que la administración de Trump pusiera en
marcha el programa "Remain in México", ninguna otra administración
había adoptado un enfoque de este tipo hacia los solicitantes de asilo no mexicanos
que les obligaba a permanecer en México durante el curso de sus procedimientos
judiciales de inmigración en Estados Unidos. Biden hizo campaña para acabar con
esa política y ha dicho que "va en contra de todo lo que defendemos como
nación de inmigrantes".
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