Yadimir Crespo – Listín Diario
Viaja desde un campo de la provincia Sánchez Ramírez a la casa de su
hija en el municipio cabecera, Cotuí, para luego llegar a la capital en un
autobús de transporte público.
Cuando camina, se le ve la edad. Tiene ojos azulados y el cabello canoso
recogido en un moño. En su piel ya hay muchas arrugas y su figura luce un poco
encorvada.
"Lo que convenía en el caso de ella era pensionarla (por problemas
de salud) porque ya tenía 16 años laborando", argumenta Juan Eulogio
Solís, director de la escuela María Consuelo Pérez, donde doña Martina
trabajaba de conserje y quien se ha dedicado a acompañarla en el proceso.
La conversación se produce en el Ministerio de Administración Pública,
donde doña Martina Ramos debe movilizarse para cumplir con el papeleo y la
burocracia estatal.
Juan Eulogio Solís, mientras la señora guarda silencio, explica que en
Sánchez Ramírez son varios los cancelados, quienes incluso se reunieron para
pagar a un abogado que le hiciera los trámites de lugar.
En aproximadamente 9 meses, casi 63 mil personas perdieron sus empleos
en 22 ministerios del país, luego de que el Partido Revolucionario Moderno
(PRM) asumió el poder el pasado 16 de agosto.
Hasta mayo pasado, los departamentos de Recursos Humanos de los
ministerios notifican que 62,935 servidores públicos han sido cancelados, cifra
que de ese mes a esta fecha ha de haber ascendido.
Tan sólo en el Ministerio de Educación unos 42,786 empleados, todos
fijos, fueron desvinculados de sus puestos de trabajo según los datos
suministrados a este medio a través de la Oficina de Acceso a la Información
(OAI) de la institución.
Este ministerio, dirigido por Roberto Fulcar, es uno de los que mayor
plantilla de personal maneja a nivel nacional y, a pesar de que se le presentó
el reto de las clases a distancia, fue la entidad que mayor cantidad de
personas canceló.
Y también ha sido la institución que mayor cantidad de protestas ha
visto pasar por la fachada del ministerio, en reclamo de que se honren los
derechos adquiridos de los empleados cesados.
El pasado 21 de junio, Fulcar dijo que agiliza los procesos y trámites
para concluir con la entrega de las prestaciones laborales al personal
desvinculado de la institución y que aún queda pendiente de pagos.
Personal administrativo, personal de apoyo, secretarias, conserjes, o
incluso como cocineras. Tal es el caso de Cristina Maribel Brown, quien a
finales de junio, al asistir al banco a cobrar su salario habitual, descubrió
que no tenía dinero.
Brown estaba nombrada como cocinera en un liceo de San Pedro de Macorís
aunque allí "hacía de todo". Como desde hace meses estaban desvinculando
personal, ella decidió consultar su situación en la regional a la que pertenece
y le notificaron que en el distrito escolar le aguardaba su carta de
cancelación.
Aunque era consciente de la posibilidad de su despido "por el
cambio de gobierno", el hecho le tomó por sorpresa porque no es dirigente
política y hoy la falta de empleo ha hecho que sus hijos tengan que costearle
algunas de sus necesidades en lo que vuelve a conseguir una fuente de ingreso.
Igual es el caso de una exempleada de Salud Pública que pidió reserva de
su nombre. La dama ingresó a esa institución en 2002, con apenas 19 años, a
casi dos décadas de servicio y luego de pasar por distintas posiciones fue
notificada de su desvinculación el 7 de junio pasado.
“Fue injustificada, la ley dice que para desvincular un empleado debe
tener tres faltas graves y una amonestación de un tercer grado y yo nunca tuve
falta, al contrario el año pasado fui reconocida como empleada del año",
agregó quien ingresó a ese ministerio como vigilante de salud ambiental y
terminó ejerciendo como coordinadora de salud ambiental.
Misma situación vive Maribel Díaz, que era promotora de salud en Neiba,
hasta febrero pasado. Luego de 11 años en servicio, ayer visitó el Ministerio
de Administración Pública a buscar el monto que le corresponde según la
totalidad de los años que laboró en Salud Pública.
Aunque ambas desconocen el motivo de la desvinculación, atribuyen su
despido al cambio de gobierno.
El ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mispas) es el
segundo ministerio con más desvinculados de los 22 que conforman el gabinete
presidencial. Unos 2,335 ciudadanos que fueron expulsados de la institución
eran empleados fijos, mientras que el resto, 77, laboraban por contrato.
Salud Pública informó a este diario que los desvinculados entre agosto
de 2020 y mayo de 2021 fueron un total de 2,591, ya que incluyen a 76 casos en
trámite de pensión y 103 del personal militar.
El trámite regular para reclamar la entrega de prestaciones laborales en
el gobierno incluye un paseo entre la institución que canceló al empleado y el
ministerio de Administración Pública.
Son decenas las personas que a diario, desde distintos puntos de la
geografía nacional, asisten a este último ministerio en búsqueda de documentos
o en consultas para solicitar sus prestaciones.
Mediante una resolución, el MAP prohibió la cancelación, sanción o
destitución de servidores públicos pertenecientes a las categorías de Carrera
Administrativa, de Estatuto Simplificado y Temporales mientras dure el Estado
de Emergencia, el cual se ratificó el pasado 14 de julio por 45 días más.
Asimismo, el pasado 1 de mayo, con motivo del Día del Trabajador, el
presidente Luis Abinader advirtió que ninguna institución del Gobierno puede
desvincular empleados si no tiene los recursos económicos para pagar las
prestaciones laborales.
Hasta marzo, el MAP manejaba el dato aproximado de 61,924 servidores
públicos desvinculados quienes han solicitado a ese ministerio el cálculo de
sus prestaciones. Aunque Listín Diario, según los ministerios investigados,
tuvo la cifra de 62,935 despidos.
Al volver a consultarle en julio la respuesta fue la misma, ya que “la
Dirección de Relaciones Laborales está inmersa en dar respuesta a las diversas
solicitudes de servicios que reciben, diariamente, como son: asistencia para
orientación, cálculo de beneficios laborales, comisiones de personal, entre
otros”.
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