Santo Domingo.- Las organizaciones firmantes, hacen un
llamado al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, al presidente
de la Cámara de Diputados y a los miembros del Congreso dominicano a no aprobar
el Código Penal sin la despenalización del aborto en las tres causales. Esto
permitiría garantizar un mínimo de derechos a la salud y a la dignidad de las
mujeres, conforme a los compromisos internacionales de derechos humanos del
Estado dominicano.
Como se conoce, las tres causales se refieren a aquellos
casos en que el embarazo 1) represente un riesgo para la vida de la mujer, 2)
sea fruto de una violación o incesto, o 3) existan malformaciones fetales
incompatibles con la vida.
El presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco,
informó el pasado 17 de agosto, prácticamente el día siguiente de su
juramentación, que desde el martes sucesivo se sometería el nuevo proyecto de
Código Penal sin incluir el tema de la despenalización del aborto, como
iniciativa de los primeros 100 días en las funciones que ocupa.
“Es hora de que se
garantice a las mujeres dominicanas sus derechos humanos, sexuales y
reproductivos que figuran en las tres causales de despenalización del aborto,
según la más moderna tendencia legislativa a nivel mundial. De esta forma
podríamos por fin salir del vergonzoso grupo de países que en Latinoamérica
prohíben totalmente el aborto, como Nicaragua, Honduras, El Salvador y Haití.”
Señaló Manuel María Mercedes presidente de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana.
Las organizaciones antes mencionadas consideran que
remitir la despenalización del aborto a un proyecto de ley como algunos
diputados proponen, es enterrar la posibilidad que se despenalice en sus tres
causales y reenviar la decisión a un tiempo insostenible. En efecto, remitir la
despenalización del aborto a un proyecto de ley, podría ser considerada como
una estrategia política dilatoria para no despenalizar el aborto en sus tres
causales.
"Impulsar la despenalización de las tres causales
del aborto es un avance imprescindible para el respeto de los derechos
fundamentales de las mujeres en República Dominicana. Forzar a una mujer o niña
a llevar a término un embarazo resultante de una violación o cuando el feto no
es viable constituye un acto cruel, inhumano y degradante". Declaró Gloria
Cano, Secretaria General de la FIDH.
Además, la criminalización del aborto profundiza
la discriminación en contra de las mujeres más pobres que no pueden salir al
extranjero para beneficiarse de servicios de aborto legal y seguro. Su
prohibición absoluta empuja a que las mujeres recurran a otros mecanismos
clandestinos y muchas veces extremos para abortar, poniendo en peligro su salud
y vida. República Dominicana de hecho mantiene en la región uno de los más
altos índices de mortalidad materna. La mortalidad materna cobró la vida de
alrededor 1,135 mujeres en los últimos años por causas prevenibles.