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Por NICHOLAS RICCARDI y LINDSAY WHITEHURST
WASHINGTON (AP) — Un juez federal dictaminó el miércoles
que el gobierno del presidente Donald Trump debe dar a más de 100 migrantes
enviados a una tristemente célebre prisión en El Salvador la oportunidad de
impugnar sus deportaciones.
El juez federal de distrito James Boasberg dijo que las
personas que fueron enviadas a la prisión en marzo bajo una ley de tiempos de
guerra del siglo XVIII no han podido impugnar formalmente las expulsiones o las
acusaciones de que son miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua.
Ordenó a la administración que trabajara para darles una forma de presentar
esas impugnaciones.
El juez escribió que han salido a la luz "pruebas
significativas" que indican que muchos de los migrantes encarcelados en El
Salvador no están conectados con la pandilla "y por lo tanto languidecen
en una prisión extranjera con acusaciones endebles, incluso frívolas".
Boasberg le dio a la administración una semana para
llegar a una forma en que las "al menos 137" personas puedan hacer
esas afirmaciones, incluso mientras están formalmente bajo la custodia de El
Salvador. Es el último hito en la saga legal de meses sobre el destino de los
deportados encarcelados en el tristemente célebre Centro de Confinamiento por
Terrorismo de El Salvador.
Después de que Trump invocó la Ley de Enemigos
Extranjeros de 1798 en marzo y se preparó para transportar aviones llenos de
pandilleros acusados a El Salvador y fuera de la jurisdicción de los tribunales
estadounidenses, Boasberg les ordenó que entregaran los aviones. Esta demanda
fue ignorada. Boasberg ha encontrado causa probable de que la administración
cometió desacato a la corte después de que el vuelo aterrizó. El presidente de
El Salvador, Nayib Bukele, publicó un mensaje burlón en las redes sociales,
reproducido por algunos de los principales asesores de Trump, que decía
"Oopsie, demasiado tarde".
Más tarde, la Corte Suprema de los Estados Unidos
dictaminó que cualquier persona que sea objeto de la AEA tiene derecho a apelar
ante un juez para impugnar su designación como enemigo del estado. Boasberg, en
su último fallo, escribió que simplemente estaba aplicando ese principio a
aquellos que habían sido expulsados.
Boasberg dijo que el gobierno "claramente
privó" a los inmigrantes de la oportunidad de impugnar sus expulsiones
antes de que los subieran a los vuelos. Por lo tanto, dice que el gobierno debe
manejar los casos de migrantes ahora como si "hubieran sido si el gobierno
no hubiera proporcionado un proceso constitucionalmente inadecuado".
El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a
una solicitud de comentarios.
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