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Por SARA CLINE y JACK BROOK
NUEVA ORLEANS (AP) — Un panel de tres jueces federales de
apelaciones dictaminó que una ley de Luisiana que exige que los Diez
Mandamientos se coloquen en cada una de las aulas de las escuelas públicas del
estado es inconstitucional.
El fallo del viernes marcó una gran victoria para los
grupos de libertades civiles que dicen que el mandato viola la separación de la
iglesia y el estado, y que las exhibiciones del tamaño de un cartel aislarían a
los estudiantes, especialmente a aquellos que no son cristianos.
El mandato ha sido promocionado por los republicanos,
incluido el presidente Donald Trump, y marca uno de los últimos impulsos de los
conservadores para incorporar la religión en las aulas. Los partidarios de la
ley argumentan que los Diez Mandamientos deben estar en las aulas porque son
históricos y forman parte de los cimientos de la ley estadounidense.
"Esta es una victoria rotunda para la separación de
la iglesia y el estado y la educación pública", dijo Heather L. Weaver,
abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en
inglés). "Con el fallo de hoy, el Quinto Circuito ha responsabilizado a
Louisiana de una promesa constitucional fundamental: las escuelas públicas no
son escuelas dominicales y deben dar la bienvenida a todos los estudiantes,
independientemente de su fe".
Los abogados de los demandantes y Louisiana no estuvieron
de acuerdo sobre si la decisión de la corte de apelaciones se aplicaba a todos
los distritos escolares públicos del estado o solo a los distritos parte de la
demanda.
"Todos los distritos escolares del estado están
obligados a cumplir con la Constitución de Estados Unidos", dijo Liz
Hayes, portavoz de Estadounidenses Unidos por la Separación de la Iglesia y el
Estado, que actuó como coabogado de los demandantes.
Los fallos de la corte de apelaciones "interpretan
la ley para todo Luisiana", agregó Hayes. "Por lo tanto, todos los
distritos escolares deben acatar esta decisión y no deben publicar los Diez
Mandamientos en sus aulas".
La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, dijo que no
estaba de acuerdo y creía que el fallo solo se aplicaba a los distritos
escolares de las cinco parroquias que formaban parte de la demanda. Murrill
agregó que apelaría el fallo, incluso llevándolo a la Corte Suprema de Estados
Unidos si fuera necesario.
El panel de jueces que revisó el caso fue inusualmente
liberal para el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos.
En un tribunal con más del doble de jueces nombrados por los republicanos, dos
de los tres jueces involucrados en el fallo fueron nombrados por presidentes
demócratas.
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