Rosa Reyes CDN
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El Ministerio Público presentó formalmente este sábado
ante la Fiscalía del Distrito Nacional su solicitud de medidas de coerción
contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca
Jet Set, involucrados en la tragedia del colapso del techo que dejó 236 muertos
y al menos 180 heridos.
En el expediente depositado por los fiscales Héctor
García, Miguel Collado y Enmanuel Ramírez, se solicita 18 meses de prisión
preventiva para Antonio Espaillat, mientras que para su hermana Maribel se pide
arresto domiciliario. Además, se propone declarar el caso como complejo, debido
al elevado número de víctimas y querellas presentadas.
Antonio Espaillat fue detenido el jueves junto con su
hermana Maribel, también propietaria del club Jet Set, que se derrumbó el 8 de
abril. Se les acusa de homicidio involuntario.
"El Ministerio Público está solicitando (…) prisión
preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario contra Maribel",
dijo a periodistas el fiscal Héctor García.
La fiscalía los acusa de "una inmensa
irresponsabilidad y negligencia" en el manejo del local, así como de
"intimidar o manipular a empleados" que pudieron resultar llamados
como testigos.
El tribunal que lleva la causa adelantada que fallará el
domingo sobre esta solicitud.
Su abogado Miguel Valerio pidió que Espaillat encare el
proceso en libertad. "Él está tranquilo, está consciente de su situación
(…) en el tribunal se verá lo que tenga que decidirse", dijo a la prensa.
"Todas las decisiones las
acatamos".
El techo del Jet Set se derrumbó durante el concierto del
popular cantante de merengue Rubby Pérez, quien falleció en el incidente.
Los parientes de las víctimas habían presentado más de 80
demandas civiles contra esta poderosa familia, que tiene además un conglomerado
de medios y restaurantes.
La discoteca Jet Set funcionó en ese edificio desde 1994.
Expertos coinciden en que el techo colapsó producto de una sobrecarga de la
estructura en medio de una pobre fiscalización, al tiempo que el gobierno
reconoció un vacío legal en temas de regulación de infraestructuras.
El mismo Espaillat dijo el pasado 23 de abril que el
"siempre" local tuvo problemas de filtración y que "nunca"
recibió supervisión de las autoridades.
El cargo de homicidio involuntario conlleva una pena de
tres meses a dos años de cárcel.
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