Ramón
Pérez Reyes
Santo
Domingo.- Diputados de los partidos de oposición han considerado que el
Ministerio Público debe iniciar una investigación basada en las denuncias de
irregularidades en el Ministerio de Obras Públicas presentadas en el programa
de televisión “El Informe con Alicia Ortega”, relacionadas con la contratación
de 11,500 millones de pesos en la compra de hormigón asfáltico caliente, todo
ejecutado durante los cinco meses previos a las primarias. Los diputados de La
Fuerza del Pueblo, Henry Merán y Leivi Suriel, dijeron ayer a Noticias SIN que
con esas evidencias no descarten solicitar la activación del rol fiscalizador
del Congreso.
Mientras
que los legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Josefa Castillo,
y Darío de Jesús Zapata, consideraron que en las evidencias publicadas por la
periodista Alicia Ortega se demuestran las denuncias que venían haciendo de que
el oficialismo usó los recursos del Estado para favorecer el triunfo de su
candidato danilista, Gonzalo Castillo. En la investigación presentada por ‘El
Informe’, los contratos para la compra del asfalto utilizado en su mayoría en
provincias del sur fueron adjudicados a empresas ya pre aprobadas por el exministro
de Obras Públicas, en la modalidad de excepción, sin que se cumpliera con los
requisitos establecidos en la ley.
La
periodista Alicia Ortega solicitó, vía la Oficina de Libre Acceso de la
Información Pública de este ministerio, detalles concretos sobre algunos de
estos contratos, pero la directora Jurídica de Obras Públicas contestó que
debía esperar a que la Contraloría concluyera la investigación de una
impugnación sobre el proceso de excepción que contrató a cuatro empresas por
mil 200 millones de pesos.
Otras
de las irregularidades reveladas por Alicia Ortega fue la contratación de dos
empresas para el asfalto de la misma cantidad de kilómetros pero para una el
costo fue de 300 millones de pesos y para otra fue la mitad.
Un intento
frustrado
El
programa informó que intentó conseguir una entrevista con Gonzalo Castillo para
darle la oportunidad de que explicara las asignaciones de contratos, pero que
esa solicitud no fue aceptada por Castillo.
Los
contratos se adjudicaron sin licitación pública, según denunció la periodista
en su programa de investigación.
Esta
mañana, legisladores de la oposición han pedido una investigación a la Cámara
de Cuentas de la manera en que los contratos fueron entregados a las empresas.
Siete procesos
Según
el programa El Informe, el mismo día que Castillo anunció su renuncia del
ministerio bajo su dirección, se publicó uno de los siete procesos de sección
de los alegados contratos irregulares patrocinados por Obras Públicas.
El
proyecto que se ejecutó en Higüey, La Romana, Villa Consuelo, Constanza y Azua,
involucró siete procesos de compra por excepción y casi 40 empresas pre
aprobadas y contratadas por 300 millones de pesos cada una.
Los
siete procesos realizados para la compra del hormigón utilizados para los
asfaltados presentan una desnaturalización del proceso de excepción para poder
violar la ley 3-40, sobre compras y contrataciones de bienes.
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