Ashley Ann Presinal - L.D
Santo Domingo.- La despenalización del aborto
por las tres causales, el tema que tiene a decenas de mujeres vestidas de verde
acampando por una semana frente al Palacio Nacional, ha resurgido en los
últimos meses removiendo las “fibras más sensibles” de la opinión pública.
Por más de dos décadas se ha discutido la
inclusión en el Código Penal de tres causales para la interrupción del
embarazo, sin embargo, la “lucha por la decisión de la mujer” continúa
enfrentando a los “pro-vida” y los “pro-elección”.
Cuando el embarazo es producto de una violación
o incesto, cuando el feto tiene deformaciones que lo hacen inviable fuera del
útero materno y cuando peligra la vida de la madre, son las tres razones
excepcionales por las que organizaciones sociales piden la interrupción del
embarazo en el país.
República Dominicana es una de las seis
naciones en el mundo donde se criminaliza el aborto en cualquier circunstancia:
El Salvador, Nicaragua, Honduras, Malta y El Vaticano, este último sede de la
iglesia católica, son los estados que
conforman este listado publicado por las Naciones Unidas en 2015.
“Pro-elección versus Pro-vida”
La contienda por la autonomía reproductiva de
las mujeres y el respeto a los derechos humanos se resume en dos bandos con
ideales que distan bastante entre sí.
Por un lado están los “Pro-elección” quienes
apoyan la despenalización del aborto en las tres causales bajo la defensa del
derecho a elegir de las mujeres.
A favor
Bartolomé Pujals, activista social y
dirigente del partido “El País que Queremos”, en su apoyo a las tres causales
manifestó a LISTÍN DIARIO que “las mujeres no pueden ser vistas como
incubadoras o como asesinas, esa no puede ser la discusión”.
Además, Pujals señaló que apoya la causa
porque se trata de una “lucha por los derechos humanos, la dignidad de las
mujeres y sus vidas”.
Tania Hernández, vocera del campamento que
apoya las “3C”, manifesta que la despenalización del aborto bajo las tres
causales “no debe ser un debate”, ya que se trata de un derecho fundamental.
“Que estén las tres causales dentro del
Código Penal no obliga a nadie a que se interrumpa un embarazo, simplemente le
da una opción a la que entienda que sí, que quiere vivir, que no quiere tener
su vida en riesgo”, explicó.
Otros defensores del movimiento también
recalcan que “en el país se realizan cientos de abortos clandestinos donde no
sólo se pone en peligro la vida de la madre, sino también su salud
reproductiva”.
El diputado por el circunscripción 1 del
Distrito Nacional, José Horacio, también se ha manifestado en a favor de las
causales e hizo un llamado al presidente Abinader a través de su cuenta en
Twitter expresando que “aprobar las causales no impone a ninguna mujer a
abortar, le da la opción de decidir según sus convicciones”
En contra
Los “Pro-vida” se mantienen firmes en que “el
derecho a la vida es inviolable”, algo que está establecido en la Constitución
dominicana.
Pelegrín Castillo, vicepresidente de la
Fuerza Nacional Progresita, plantea que una de las razones por las que no apoya
las tres causales es que “el embarazo no deseado es una realidad compleja y
dolorosa que debe abordarse con un programa provida y profamilia responsable,
no con una salida deshumanizada como el aborto”.
Castillo también señaló que “la experiencia
histórica de todos los países demuestra que las llamadas tres causales no son
más que tres excusas para implantar en la ley la cultura del aborto libre,
incluso, en embarazos a término”.
El arzobispo Metropolitano de Santo Domingo,
monseñor Francisco Ozoria Acosta, piensa que la opción de las tres causales
implica la aprobación de la pena de muerte en el país.
“No podemos aprobar la pena de muerte, ¿y qué
es lo que estamos haciendo con los niños engendrados? Pena de muerte”, expresó
el arzobispo.
Monseñor Víctor Masalles, obispo de Baní,
también expresó su postura argumentando que “el embarazo adolescente lastra la
vida de los jóvenes, pero el aborto las lastra doblemente”.
De acuerdo con Masalles, el “desafío” es
“educar para obtener la madurez y la responsabilidad de saber esperar el día de
tenerlo junto a su pareja”.
¿Cómo inició todo?
El origen de las actuales pugnas en República
Dominicana proviene de la necesidad de reformar el Código Penal Dominicano,
vigente desde el 1844, y considerado como “antiguo” y “obsoleto” con respecto a
delitos actuales que se cometen en el país.
El tema del aborto se plantea en el artículo
317 del código, donde se establece que a la mujer le esperan de dos a cinco
años de prisión en caso de que se provoque un aborto con o sin asistencia,
mientras que al personal médico que pudiese causar o cooperar con la
interrupción del embarazo le esperan de cinco a veinte años de cárcel.
“El que por medio de alimentos, brebajes,
medicamentos, sondeos, tratamientos o de otro modo cualquiera, causare o
cooperare directamente a causar el aborto de una mujer embarazada, aun cuando
ésta consienta en él, será castigado con la pena de reclusión”, se lee en el
documento.
El tema empezó a debatirse cuando en 1997 el
expresidente de la República, Leonel Fernández, creó una comisión de abogados
para revisar el Código Penal con el fin de “evitar que las decisiones de los
jueces sobre asuntos penales se vean limitada”.
Ocho años más tarde, en el 2005, tanto la
Cámara de Diputados como el Senado de la República aprobaron el proyecto del
nuevo Código Penal conservando la ilegitimidad de la interrupción del embarazo
sin ninguna excepción.
Cuando el proyecto llegó hasta Fernández,
este lo observó y lo retornó al Congreso Nacional para que se discutiera
nuevamente.
En el 2010 se reformó la Constitución
dominicana, lo que a su vez conllevó a modificar también el artículo 37 sobre
el derecho a la vida.
“El derecho a la vida es inviolable desde la
concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse,
en ningún caso, la pena de muerte”, indica textualmente la nueva Carta Magna.
Y este fue el punto de partida de la
“historia de nunca acabar”.
