Santo Domingo-. Las actuaciones del Ministro de Educación, Ángel
Hernández y del director de la recién creada Unidad Editorial, Manuel de Jesús
Núñez Asencio, violan al régimen ético, disciplinario y la política nacional de
“datos abiertos” del Estado dominicano, razón por la cual deben ser
investigados por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental
(DIGEIG).
La editora Actualidad Escolar 2000 pide a la directora de la DIGEIG,
Milagros Ortiz Bosch, que investigue tres acciones fundamentales: a) la
participación del Ministro de Educación en la elaboración de la Ordenanza
03-22, b) la dualidad de cargos que ostenta el director de la Unidad Editorial
del MINERD, y c) la obstaculización por parte del MINERD de la “necesaria
publicidad y transparencia” de los contratos realizados en el marco del
proyecto “Libro Abierto”.
Según la denuncia interpuesta por la casa editorial “la consecuencia
lógica de la participación protagónica, que no tangencial, del señor Ángel
Enrique Hernández Castillo en la elaboración de la Ordenanza núm. 3-2022,
simple y llanamente vulnera el principio de imparcialidad y objetividad y
transgrede los deberes y prohibiciones contemplados en la Ley núm. 41-08”.
Agrega que el ministro Hernández, a través del proyecto Libro Abierto,
ha procurado que los libros de texto y materiales para la enseñanza sean
producidos por universidades, intelectuales y academias, sustituyendo así la
actividad de las empresas editoras.
“Por lo que resulta totalmente inexplicable, desde el ámbito del
derecho, el plan antiético del señor Ángel Enrique Hernández Castillo de
sustituir toda la industria editorial para que esta sea asumida por
universidades, intelectuales y academias cuyas adjudicaciones y arbitraria
selección ha sido oportunamente denunciada por Actualidad Escolar ante la
Dirección General de Contrataciones Públicas” indica la editora.
Puntualiza el documento que el ministro de Educación deliberó y
participó en la elaboración de la Ordenanza núm. 3-2022, mediante la cual se
dispuso la contratación de universidades para la producción de libros de texto
y materiales para la enseñanza, sin advertir el evidente conflicto de interés
existente entre el ministro y los agentes del sector de la educación superior,
del cual éste proviene.
En relación al señor Manuel de Jesús Núñez Asencio-expresa la denuncia-
este funge como director de la Unidad Editorial, de manera concomitante con sus
funciones de coordinador en el Ministerio de Cultura, lo cual se encuentra
“constitucionalmente proscrito” además de haber anunciado sus aspiraciones de
presidir la Academia Dominicana de la Lengua, la cual fue contratada por la
referida Unidad Editorial.
“Lo anterior se encuentra constitucionalmente proscrito por el artículo
144 de nuestra norma fundamental, el cual señala que: ‘Ningún funcionario o
empleado del Estado puede desempeñar, de forma simultánea, más de un cargo
remunerado, salvo la docencia’,” afirma la editora.
