Rosmerys De León | El Caribe
Vestido con su chaleco de motoconchista a
media mañana de ayer, Juan entró a la Fiscalía Comunitaria de Capotillo en
busca de ayuda. Le habían robado su celular, pero no tuvo que salir de su
sector procurando justicia.
Fue atendido por el personal, dio los datos
necesarios y se fue del lugar esperando poder recuperar lo que le habían robado
mientras trabajaba.
Para eso están las fiscalías comunitarias,
diseñadas para que las personas de los barrios puedan acceder a la justicia sin
mayores trabas.
“Vinieron a raíz de la necesidad que existía
de acercar la justicia a la comunidad, se entendió que era necesario que se
desconcentrara lo que era el Palacio de Justicia, que anteriormente todo tenía
que venir aquí y eso fue lo que dio origen al plan de la conformación de las
fiscalías comunitarias”, reseñó el fiscal Quelvy Romero, supervisor de las
fiscalías comunitarias del Distrito Nacional, entrevistado por reporteros de
este diario.
En el Distrito Nacional hay instaladas 15
fiscalías comunitarias, antes llamadas barriales. Están en la Zona Colonial,
María Auxiliadora, Gualey, Los Guandules, Capotillo (que también cubre los
sectores Simón Bolívar y Ensanche Luperón), Villas Agrícolas (que abarca La
Zurza), Villa Juana, Villa Consuelo, Cristo Rey, Los Ríos, Los Girasoles,
Ensanche Quisqueya, Ensanche Naco, Carretera Sánchez y Ensanche La Paz.
Formalmente iniciaron en 2004
Fue en el 1997 cuando se hicieron los
primeros aprestos para establecer fiscales fuera del ámbito del Palacio de
Justicia de Ciudad Nueva (a donde iban todos los casos del Distrito Nacional) y
fueron llevados a los destacamentos de la Policía Nacional.
Pero esto generó que se confundieran los
roles entre los fiscales y policías, explicó el fiscal Romero, quien precisó
que siete años después (2004) las autoridades comenzaron a crear las fiscalías
comunitarias fuera de los destacamentos.
“Estas fiscalías vinieron a ser también una
especie de control y de garantías de derechos ciudadanos de los pobladores de
los sectores donde se encuentran, porque sabemos que se dan situaciones de
violaciones de derechos fundamentales, básicamente, por parte de instancias del
Estado, la Policía Nacional, y así por el estilo”, sostuvo Romero, quien tiene
un año como supervisor aunque anteriormente trabajó en estas fiscalías.
Denuncias que más reciben
Las cifras que manejan los encargados de cada
fiscalía comunitaria arrojan que las denuncias que más llegan son por amenazas,
robos, agresión física, golpes y heridas y violencia de género.
Por ejemplo, en junio pasado, en la Fiscalía
Comunitaria de Capotillo, Simón Bolívar y Ensanche Luperón se interpusieron 80
denuncias de violencia de género, 26 de robos simple (sin armas) y 19 de
violencia física.
En ese mismo mes, la Fiscalía Comunitaria de
Villas Agrícolas, que cubre La Zurza, recibió 46 denuncias de amenazas, 15 de
golpes y heridas e igual número de agresión física.
Mientras que en julio, en la Fiscalía
Comunitaria de Villa Juana (también abarca Miraflores y Don Bosco) se
denunciaron 20 casos de violencia de género y 90 casos comunes.
Las fiscalías comunitarias no solo reciben
las denuncias, también las trabajan, es decir, realizan las entrevistas y hacen
las evacuaciones pertinentes. Por último, se judicializan en el Palacio de
Justicia en Ciudad Nueva.
“El Poder Judicial tiene una plataforma a
través de la cual recibe nuestras solicitudes, ya sea de orden de arresto, de
medida de coerción y por ahí se está trabajando… en la plataforma se hace la
solicitud, los documentos se envían al departamento de control de calidad, que
existe en la Fiscalía del Distrito Nacional, luego de que se hace una revisión,
entonces se sube a la plataforma y se envía el expediente al Departamento de
Litigación, ellos conocen las audiencias”, explicó a elCaribe Reynaldo Javier,
fiscal coordinador de la Fiscalía Comunitaria de Villas Agrícolas.
“A veces entendemos que la fiscalía solo es
un ente de recepción de esas denuncias, y no, en las mismas fiscalías
comunitarias se resuelve ese conflicto. Los fiscales comunitarios son los
responsables de investigar esos procesos y de judicializarlos, cumpliendo el
debido proceso de ley”, dijo en una entrevista aparte el fiscal Romero.
Con este proceso, se descongestionan los
casos en la Fiscalía del Distrito de la cual dependen las comunitarias.
Violencia de género tiene trato especial
El tema de violencia de género tiene un
departamento especial y un fiscal distinto. Estas unidades tienen presencia en
11 fiscalías comunitarias, mientras que los casos de este tipo que se producen
en el Ensanche Naco, Ensanche Quisqueya, La Paz y Zona Colonial se trabajan en
la Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género, ubicada en la Rómulo
Betancourt. “Se practica una evaluación médica para obtener un certificado
médico legal, todo eso se hace en la misma fiscalía comunitaria, el ciudadano
no tiene que trasladar a ningún otro lugar para retornar a la fiscalía”, dijo
Romero.
Lo importante de todo eso, dijo la fiscal
Belkis Polanco, coordinadora de la Fiscalía Comunitaria de Villa Juana, es que
las personas denuncien los hechos y no desistan, pues hay casos en que no se
pueden judicializar si la víctima no da el debido seguimiento.
“La denuncia es la única manera de nosotros
sacar de la sociedad, del medio, a los que están delinquiendo”, sostuvo.
Cantidad
En total, hay 15 fiscalías comunitarias en el
Distrito Nacional, las cuales abarcan la jurisdicción completa.
