RAFAEL
PERALTA ROMERO
rafaelperaltar@gmail.com
Los
legisladores de oposición no asistieron el pasado 16 de agosto a la juramentación del presidente dominicano
Danilo Medina por ante la Asamblea Nacional.
Consideraron que la reelección del
mandatario es el resultado de un pesaroso
proceso de violaciones a las leyes, a la Constitución y a los principios de
equidad, transparencia e imparcialidad de la autoridad electoral.
El
diputado Alfredo Pacheco, del Partido Revolucionario Moderno, leyó un documento que suscribieron los
voceros de los partidos opositores. Es
decir, los senadores Santiago Zorrilla, PRM, y
José Hazim Frapier, del PRSC. Además, los diputados Fidel Santana, Frente Amplio; Máximo Castro
Silverio, PRSC; Betzaida González, PQDC, y Fidelio Despradel, Alianza País.
La actitud
crítica de los legisladores tiene plena justificación. Y eso es lo
lamentable. Fue apoyada también por organizaciones que no tienen
representación en el Congreso como es el
caso del Partido Humanista, Alianza por
la Democracia, Dominicanos por el Cambio y la Fuerza Nacional Progresista.
El
asomo de criticidad de los legisladores
representa un signo alentador, viviendo, como vivimos, bajo una pesada
atmósfera política, dominada por un solo
grupo, o peor por un solo hombre. A
continuación reproduzco algunos
párrafos del documento:
“Denunciamos
que la democracia dominicana vive su mayor amenaza de las últimas décadas y que
a diferencia del pasado, esa amenaza no proviene de los cuarteles militares,
sino, paradójicamente, del liderazgo político de un partido, el PLD, que sin
escrúpulos de ningún tipo está liquidando la independencia del Poder Judicial,
ha convertido el Congreso en una caja de resonancia de los intereses de quienes
dirigen el Poder Ejecutivo y ha desvirtuado, mediante la coacción y los
favores, casi todos los órganos de control y fiscalización del Estado.
“En su
ruta autoritaria y antidemocrática, el gobierno está inmerso también en un
peligroso proceso de división y represión de gremios y sindicatos –como está
ocurriendo con el personal del sector salud-, así como organizaciones de la
sociedad civil que hacen legítimos reclamos de reivindicaciones, o formulan
críticas públicas a la administración del Estado.
“Ese
progresivo deterioro de la democracia y del ambiente de tolerancia en el país
tenemos el deber de denunciarlo y detenerlo o de lo contrario, la República
Dominicana corre el riesgo de convertirse en un pueblo de hombres y mujeres
sometidos por la voluntad y los intereses espurios de un pequeño grupo con
evidente vocación absolutista.
“Para
garantizar la vigencia de la democracia, la justicia y la convivencia pacífica,
que tanto sacrificio ha costado a los dominicanos, es imperativo que las
instituciones públicas responsables de la regulación y conducción de los
procesos electorales sean dirigidas por ciudadanos probos e independientes
respecto de intereses políticos particulares.
