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El diputado
Joaquín Badillo preside la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso de
Guerrero. Hoy es lunes y hay sesión. El diputado está en la sala de plenos.
Saldrá hasta que termine.
—Las policías
municipales son el primero y el más delgado de los eslabones de la seguridad
pública estatal —dirá una vez que esté en el lobby—. Está disminuida y rebasada
por los delitos comunes y federales y muchas de las veces hasta por la
población. Le hace falta todo. Mejores salarios, capacitación, armamento,
profesionalización y mandos capaces.
—¿Y no hay
presupuesto para eso?
—Está el
Fortamun. Es un presupuesto que les asignan a los municipios. Ahí están los
recursos etiquetados para seguridad.
—¿Qué hace
falta?
—Depuración.
Se debe dar lugar a policías confiables. Pero no hay fondos para jubilaciones y
pensiones. Cuando salgan, saldrán sin prestaciones sociales.
Cuando se le
pregunte cuántos policías municipales hay en el estado dará datos sueltos. Días
después, su secretario facilitará el Programa Sectorial de Seguridad Pública
del gobierno de Guerrero. El documento dice que en los 81 municipios (ahora son
85, cuatro de reciente formación) hay un total de 2 mil 757 policías
municipales de un estándar que exige 9 mil 913. El documento, actualizado a
2022, destaca que se requieren (o hay un déficit) de 7 mil 158 más para que los
municipios atiendan la seguridad pública “como primera autoridad”.
Estos 2 mil
757 policías están distribuidos sólo en 65 de los 81 municipios. Es decir, 16
no tienen ninguna policía municipal y 32 tienen entre uno y 12 preventivos. La
seguridad de esos municipios está a cargo de la Policía Estatal.
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“Para que
aprendan a respetar”
La
descomposición policial en Guerrero ha sido lenta. Desde hace al menos 18 años
y puede resumirse de la siguiente manera. El lunes 23 de octubre de 2023 la
Policía Municipal de Coyuca de Benítez, Costa Grande, fue, en los hechos,
desmantelada; 11 policías fueron asesinados junto con sus dos mandos, 13 en
total: el secretario de seguridad, Alfredo Alonso López y el director de la
policía, Honorio Salinas Garay.
Hasta el
cierre de este texto no se han nombrado nuevos mandos y las labores de
seguridad las tomó la policía del estado y la Guardia Nacional. Una fuente dijo
al reportero que se trata de una disputa por el control de la corporación entre
adversarios del crimen. El alcalde Ossiel Pacheco Salas no respondió a una
solicitud de entrevista.
En abril de
2006, un jefe policiaco local de Acapulco, Mario Núñez Magaña, y otro agente
fueron decapitados y sus cabezas exhibidas en un punto conocido como La Garita.
Con ellas había un mensaje en una cartulina: “Para que aprendan a respetar”.
Tres meses antes los policías habían matado a cuatro hombres, supuestos
integrantes del Cártel de Sinaloa, en el mismo lugar.
En 2012 una
célula de La Familia Michoacana secuestró al alcalde electo de Teloloapan,
Jesús Valladares Salgado, para comprometerlo a nombrar a un jefe policiaco a
modo. Pero el caso más conocido fue cuando en septiembre de 2014 la policía
municipal de Iguala ayudó a criminales del grupo Guerreros Unidos en la
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
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