Soila Paniagua EL PAÍS Periódico Hoy
El Poder
Ejecutivo enviará el miércoles al Congreso Nacional el proyecto de modificación
y reforma de la Ley 6132 sobre Libertad de Expresión y Difusión del
Pensamiento, que plantea la eliminación de la Comisión Nacional de Espectáculos
Públicos y crea el Instituto Nacional de las Comunicaciones.
La
información la ofreció ayer en el Palacio Nacional el presidente Luis Abinader
en el Encuentro LA Semanal con la Prensa donde se ofrecieron detalles del
anteproyecto de Ley de Libertad de Expresión, Medios Audiovisuales y
Plataformas Digitales que actualizará la legislación vigente sobre el derecho a
la comunicación.
Los
detalles sobre el proyecto de reforma lo dieron los miembros de la comisión
consultiva creada por el PE mediante el decreto 333-22 del 23 de junio de 2022,
Namphi Rodríguez, coordinador; los presidentes de la Sociedad de Diarios,
Persio Maldonado; del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Aurelio
Henríquez; el magistrado Hermógenes Acosta; la académica y comunicadora, Elvira
Lora y el abogado y consultor, Erick Raful.
Propone la
creación del Instituto Nacional de la Comunicación (Inacom) como órgano
regulador, con autonomía funcional y financiera, que integraría un consejo
directivo y una dirección ejecutiva.
Se derogan
expresamente la Ley 6132 de 1962, de Expresión y Difusión del Pensamiento y la
Ley 1951 de 1949, que crea la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y
Radiofonía.
El proyecto
fue consensuado y apoyado por instituciones nacionales y organismos
internacionales.
Entre los
aspectos que establece el proyecto de reforma de la Ley 6231 están la
objetividad y protección de niños, niñas y adolescentes al difundir una
información y los feminicidios y hechos sensibles.
También que
el acceso gratis de la población a internet, como un derecho ciudadano; y
define el ejercicio de la comunicación social como un derecho de toda la
población como establece el artículo 49 de la Constitución dominicana.
Establece
que todos los medios de información tienen acceso a las fuentes noticiosas
oficiales y privadas de interés público; que habrá un director responsable del
contenido al frente de cada publicación diaria o periódica.
Indica que
en los medios radiales, televisivos o digitales, cada programa, de cualquier
índole, tendrá un director mayor de edad, en pleno ejercicio de los derechos
civiles y políticos y con domicilio y permanente en el país.
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