Ramón Cruz Benzán - ramon.cruz@listindiario.com
Tan pronto el tribunal presidido por la
magistrada Kenya Romero emitió su decisión, el ex procurador fue trasladado
junto a otros imputados en fila india bajo estrictas medidas de seguridad a la
cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, hasta tanto se
ejecute su traslado al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres.
Otros a encierro
Junto al ex procurador pernotarán en el
recinto carcelario por ese periodo Jonathan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo
Alexander Solano Augusto y Javier Alejandro Forteza por su vinculación en el
entramado de corrupción denominado Medusa.
Mientras Alain Rodríguez era traslado del
tribunal a la cárcel de paso con chaleco antibala y casco protector, se pudo
observar que este iba cabizbajo, contrario a los demás imputados.
Las motivaciones de forma oral que tuvo la
jueza para dictar la medida preventiva a Alain Rodríguez se basaron en los
parámetros de la existencia de riesgo de sustraerse del proceso, debido al alto
perfil de la función institucional que anteriormente este desempeñaba como
funcionario público.
Según la magistrada Romero, de tales
funciones se “desprende posición de mando que pone en riesgo potencial la obstaculización
de los medios de prueba”, por lo que los arraigos sociales y patrimoniales
ofertados permiten identificar en estado de latencia las facilidades para
sustraerse del proceso de cara al contexto planteado.
En el caso de Forteza Ibarra, la jueza alegó
que “se desprende riesgo para los medios de prueba vinculados a su expertiz de
técnico en el área de tecnologías de la información”. En el caso figura prófugo
Rafael Stefano Canó Sacco.
Asimismo, la jueza en su decisión impuso
arresto domiciliario en sus respectivas residencias a los imputados Altagracia
Guillén Calzado, Jenny Marte Peña y Rafael Antonio Mercedes Marte, por un
periodo de 18 meses, a quienes además les colocó impedimento de salida del país
sin previa autorización judicial.
El tribunal tomó en cuenta para esta decisión
que los imputados no representan un riesgo en la investigación o los medios de
prueba, ya que su acceso resulta precario, por lo que es posible que se puedan
presentar al proceso sujetos a una medida distinta a la solicitada por el
Ministerio Público de prisión preventiva.
Garantía y otras
Igualmente, la jueza Kenya Romero, impuso al
imputado José Miguel Moya el pago de una garantía económica ascendente a la
suma de un millón de pesos en la modalidad de contrato, a través de una compañía
aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica ante el Ministerio
Público investigador.
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