Jhonatan Liriano
Ciudadano y periodista.
Director de El Grillo. @jhonatanLiriano
Desde su fundación,
República Dominicana (uno de los pocos países que consagra en su nombre su
forma de Gobierno) lleva en sí misma el germen de la contradicción, de la
negación del discurso y los principios que le dan origen. La Historia nacional,
con pocas excepciones, es la paradójica historia de una República en la que el
poder económico y el poder del Estado se concentra en manos de muy pequeñas
élites confabuladas para imponer sus intereses particulares sobre los intereses
y los derechos de la ciudadanía.
Ocurrió con Duarte y
Los Trinitarios, que después de concebir e impulsar el proyecto republicano
fueron desplazados de inmediato por la burocracia criolla que había servido a
la dictadura de Jean Pierre Boyer y luego desmontó la recién nacida República, respaldando a Pedro Santana, el hatero que de
inmediato comenzó a gobernar como lo hacía en su finca: imponiendo su voluntad
omnímoda sobre el resto del país, como si se tratara de una gran extensión de
terreno privado lleno de peones obedientes e ignorantes.
Antes, durante y
después de la Guerra de la Restauración, en la región Norte, por razones de
base económica más diversificada y un sector intelectual más amplio, se origina
y se pone en práctica un ejercicio político más democrático y acorde con los cambios
que experimentaba Occidente en la segunda mitad del silgo XIX. De los
principales líderes de la Restauración surge el proyecto político de los
azules, con Gregorio Luperón a la cabeza. Los azules promovían la libertad de
expresión, la pluralidad política, el uso racional de los recursos del Estado,
la diversificación del aparato productivo, entre otras ideas avanzadas para la
época. Pero del mismo seno del proyecto azul surgió el liderazgo político que
luego lo negaría y cercenaría: Ulises Heraux, un dictador, astuto y sin
escrúpulos que concentró todo el poder del Estado en base a la fuerza y el
fraude, haciendo una especie de gobierno
compartido con los otrora adversarios del proyecto azul: los denominados rojos
de Buenaventura Báez.
A la muerte de Lilís
siguió el imperio de la fuerza, el conflicto permanente entre caudillos con más
o menos valor, con más o menor poder económico. Llegamos a momentos en que la
República era una propiedad que se disputaban dos dueños de casas comerciales
que solo se diferenciaban por el tamaño de la cola del gallo que usaban de
símbolo y bandera.
Con la intervención
estadounidense llega Trujillo, la máxima expresión de la concentración del
poder político y económico y de la anulación de las facultades ciudadanas. A los treinta años de Trujillo siguieron años
convulsos de trujillismo sin Trujillo, de gobierno de la fuerza y represión
aliado a una élite de familias económicas que se expandió y se sigue
expandiendo a través de la apropiación del patrimonio del Estado y de los
amarres con los gobiernos de turno. En los años del balaguerato, la
concentración represiva del poder fue tal que por décadas las principales
fuerzas políticas del país tenían en el rescate de las libertades públicas son
principal objetivo.
Y asa, con pocas y
breves experiencias de ejercicio democrático, después de una dictadura de más
de treinta años, y un largo período de represión e inestabilidad política, el
Partido de la Liberación Dominicana (PLD) llegó al poder en 1996, con la
contradicción y la traición en sus primeros. El PLD fue concebido como un
partido de élites, no de ciudadanos comunes. El PLD fue pensado como una
vanguardia, como un conjunto de mentes preclaras y disciplinadas que iban a
extender al Estado y la sociedad los beneficios y la eficiencia de una dinámica
política centralizada. Pero el proyecto naufragó el mismo día del Frente
Patriótico, con el apego a la tradición más conservadora; con la alianza con
las fuerzas económicas engordadas sobre el cadáver de la dictadura; con la aplicación
de un modelo económico y político que, vestido de modernidad y desarrollo; solo
ha servido para mantener y expandir la pobreza, fomentar la desigual, negar
sistemáticamente los más básicos derechos de la ciudadanía, capturar las
estructuras del Estado, e instaurar un régimen de apropiación sistemática de
los bienes públicos.
