César Pérez, Doctor en Sociología de la Universidad de
Estudios de Roma, Italia. Profesor de Sociología urbana por más de 35 años. Ha
publicado numerosos estudios sobre gobernabilidad local y gestión urbana.
A los alarmantes bajos niveles de rendimiento
escolar, del abandono del Estado de su responsabilidad de brindar educación de
calidad a toda la población, se suma las denuncias de varios maestros y
directores de escuelas públicas del incremento del pandillerismo y la
criminalidad en algunos planteles escolares que involucran a sus estudiantes y
adolescentes de las zonas aledañas. Un nuevo indicador de que vamos hacia la
quiebra total.
Algunos estudios establecen que en nuestro
país se producen 24.2 muertes violentas por cada 100 mil habitantes sólo
superado por Sudáfrica (31.8), Guatemala (38.5), Belice (41.4), El Salvador
(69.2) y Honduras (92.6) entre los llamados países de desarrollo medio. Existe
una relación entre bajos niveles de la educación de una sociedad e incremento
de la criminalidad y también entre seguridad ciudadana y clima de inversión
privada.
Nuestro índice de criminalidad está por
encima de la media de la región de El Caribe y de Sudamérica, 20.1, aunque por
debajo de Centroamérica, que es de 41. Por lo cual, nuestros más cercanos
competidores como destino turístico tienen un mejor clima de seguridad
ciudadana y recordemos el potencial turístico de Cuba y Haití.
Según Sergio Sarita, eminente médico forense,
el 70% de las muertes en el país son violentas, estimándose que el 80% de esas
muertes son de jóvenes entre los 17 y 29 años. A nivel internacional somos los
peores evaluados en muertes por accidentes automovilísticos y por delitos en la
administración pública.
La percepción de inseguridad en las regiones
metropolitana y Norte del país es de 46.3% y 44.5%, respectivamente. Son las de
mayores ingresos y allí se encuentran las dos ciudades de mayores ingresos, de
menor cantidad de pobres en términos porcentuales, pero las de mayor cantidad
de pobres en términos absolutos y junto a La Romana e Higüey en el Este, tienen
los de mayores niveles de criminalidad.
Según estudios del Banco Mundial y del BID,
el costo de la violencia en Centroamérica es de unos 6,500 millones de dólares,
que equivale al 8% del PIB regional. Aunque aún estamos lejos de los índices de
criminalidad de Honduras y El Salvador, el incremento de la criminalidad
llevamos un ritmo peligrosamente sostenido y no ponerle costo, a través de
medidas civilizadas de prevención, sin linchamientos ni “intercambio de
disparos”, podría llevarnos a la ruina económica y de la sociedad toda.
No se ha hecho una cuantificación de los
costes a nuestra economía del alto índice de deserción y bajo rendimiento
escolar, del incremento de la inseguridad ciudadana y la criminalidad. Ese
ejercicio se ha hecho en algunos países, estableciéndose además que en los
espacios donde la seguridad ciudadana es baja, los inversionistas, nacionales y
extranjeros, no arriesgan su capital y cuando lo hacen, no pocas veces es para
lavado de activo que es otra forma de criminalización de la economía de la
región o país donde se produzca.
El contexto en que aquí discurre esta
situación tiene como eje central un Estado, una Justicia y un Congreso
controlados por un solo partido, estableciéndose una estructura para
delincuencial de la que hay que salir, para cerrar el camino del colapso total
de esta nación.
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