Analizamos cinco contratos de préstamos, aprobados por el Congreso Nacional y con el aval del Ministerio de Hacienda y el presidente de la República, con los cuales se buscó financiar proyectos que aportarían a la mejoría de la estructura vial.
Paul Mathiasen
Santo Domingo, LD.- Al menos dos mil millones de dólares ha tomado el
país prestado en los últimos siete años para tratar de hacerle frente a los
problemas que diariamente ofrece el tránsito en el país, con enfoque en las
principales urbes.
Analizamos cinco contratos de préstamos, aprobados por el Congreso
Nacional y con el aval del Ministerio de Hacienda y el presidente de la
República, con los cuales se buscó financiar proyectos que aportarían a la
mejoría de la estructura vial.
El primer contrato
En diciembre de 2019, el gobierno de Danilo Medina firmó un préstamo de
US$250 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Pero no era
dinero libre: antes de recibirlo, el
Estado tenía que demostrar que había cumplido una lista de reformas
derivadas de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial de la República Dominicana.
El BID exigía, entre otras cosas, que estuviera operando el Observatorio
de Seguridad Vial, que funcionaran al menos cinco unidades de investigación de
accidentes de tránsito bajo la Dirección General de Seguridad de Tránsito y
Transporte Terrestre (Digesett), que el Intrant tuviera nuevas direcciones
operativas y que existiera un plan para formalizar a los “concheros” como
empresas. Reformas de fondo, no de forma.
El préstamo fue otorgado y según el contrato, se buscaba “apoyar la
implementación de la Ley 63-17: crear el Observatorio de Seguridad Vial,
formalizar operadores de transporte público, establecer unidades de
investigación de accidentes de tránsito y fortalecer el Intrant con nuevas
direcciones operativas”. En cuanto a los pagos, se amortiza hasta 2039 en
cuotas semestrales.
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