La Fundación Institucionalidad y Justicia advierte que podría generar graves trastornos en el sistema de justicia
Diario Libre
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) pidió
este domingo al Poder Ejecutivo someter con carácter de urgencia al Congreso
Nacional un proyecto de ley para ampliar el período de vacatio legis del nuevo
Código Penal, al advertir que su entrada en vigor en las próximas semanas
podría generar graves trastornos en el sistema de justicia debido a las
deficiencias que, según la entidad, aún contiene el texto aprobado.
La organización planteó que el presidente de la República
impulse una modificación del artículo 393 de la Ley 74-25 para aplazar la
aplicación del nuevo Código y abrir un espacio que permita corregir las
inconsistencias detectadas mediante un proceso de consultas y consenso entre
los distintos actores del sistema de justicia.
En un documento firmado por su vicepresidente ejecutivo,
Servio Tulio Castaños Guzmán, Finjus sostiene que la legislación presenta
"ambigüedades, duplicidades e incoherencias" que, de entrar en vigor
sin ajustes, afectarían la armonía del ordenamiento jurídico y comprometerían
la correcta aplicación de la justicia penal.
La entidad considera que esas deficiencias podrían
provocar conflictos interpretativos y vulnerar principios constitucionales
esenciales.
Deficiencias del nuevo código
La petición se produce en medio de un creciente debate
jurídico sobre la calidad técnica del nuevo Código Penal.
En los últimos días, diversos penalistas, académicos,
jueces y organizaciones especializadas han advertido sobre errores de
redacción, contradicciones entre artículos, tipos penales superpuestos, vacíos
normativos y disposiciones que podrían entrar en conflicto con la Constitución
y con el Código Procesal Penal.
Entre las observaciones más reiteradas figuran la
coexistencia de figuras delictivas que sancionan una misma conducta con penas
distintas, definiciones consideradas imprecisas que podrían dificultar la labor
de fiscales y jueces, así como disposiciones cuya interpretación podría generar
inseguridad jurídica.
También se han señalado problemas de técnica legislativa
derivados de modificaciones introducidas durante el trámite congresual que no
fueron armonizadas con el resto del articulado.
Para Finjus, la solución no pasa por impedir la reforma
penal, sino por garantizar que el texto definitivo entre en vigor con la
solidez técnica necesaria.
La institución entiende que una extensión del período de
vacatio legis permitiría a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, los
operadores del sistema penal, el Congreso y los distintos sectores
especializados revisar las disposiciones cuestionadas y consensuar las
correcciones indispensables antes de su aplicación.
Impacto político y jurídico
La solicitud coloca al Gobierno ante una decisión de alto
impacto político y jurídico. Si acoge la propuesta, deberá remitir al Congreso
un proyecto de ley limitado a modificar la fecha de entrada en vigencia del
Código, preservando el tiempo necesario para revisar su contenido.
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