· Desde el 1 de diciembre de 2025, el Estado dominicano ha sido perjudicado con 1 millón 25 mil pesos (RD$1,025.000.00), debido al incumplimiento por parte del MOPC. El TSA ordenó, también el pago de derechos adquiridos, incentivos de rendimiento individual, bonos de carrera administrativa y vacaciones acumuladas a favor de los servidores públicos
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Oliver Batia, director del Centro Jurídico Batia Ramos y
abogado de los servidores de carrera, dijo que El Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones (MOPC) fue formalmente notificado de dos sentencias
definitivas emitidas por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), mediante
las cuales se ordena el pago de derechos adquiridos, incentivos de rendimiento
individual, bonos de carrera administrativa y vacaciones acumuladas a favor de
los servidores públicos Aracelis del Carmen Castillo Rodríguez y Joanne Carlos
de la Altagracia Molina Romero.
“Hemos intentado por todos los medios que el MOPC
responda a lo que han establecido estas sentencias, pero la intolerancia del
Ministro de Obras Públicas y su equipo, pero llegaremos hasta las últimas
consecuencias para reivindicar el derecho de estas laboriosas personas”,
explicó Batía.
Afirmó, además, que “las decisiones judiciales
adquirieron carácter definitivo luego de que la Secretaría General de la
Suprema Corte de Justicia certifica, en ambos casos, la inexistencia de
recursos de casación contra las sentencias, agotándose además las vías
ordinarias de impugnación tras declararse improcedentes los recursos de
revisión interpuestos”, reiteró Batía.
En cumplimiento de las formalidades legales, las
sentencias definitivas, las certificaciones emitidas por la Suprema Corte de
Justicia y los correspondientes mandamientos de pago fueron notificados
mediante actos de alguacil al ministro de Obras Públicas, Rafael Eduardo
Estrella Virella, iniciando así la fase de ejecución de las decisiones
judiciales.
En el caso de Aracelis del Carmen Castillo Rodríguez, la
Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo acogió parcialmente el
recurso contencioso administrativo interpuesto contra el MOPC y ordenó el pago
de RD$731,380.39, monto correspondiente a incentivos de rendimiento individual,
incentivos colectivos SISMAP, bonos de carrera administrativa y sesenta días de
vacaciones acumuladas, conforme a la Ley 41-08 sobre Función Pública.
La sentencia también excluyó de responsabilidad personal
al entonces ministro de Obras Públicas y a la exdirectora de Recursos Humanos,
al establecer que la obligación de pago corresponde exclusivamente al
Ministerio como institución. Asimismo, impuso una astreinte de RD$5,000 diarios
por cada día de retraso en el cumplimiento de la decisión una vez vencido el
plazo legal y realizada su notificación. la multa comenzó a correr exactamente
el 1 de diciembre de 2025, el monto acumulado al 23 de junio de 2026 sería
RD$1,025,000.
Por su parte, la Quinta Sala del Tribunal Superior
Administrativo acogió parcialmente el recurso presentado por Joanne Carlos de
la Altagracia Molina Romero, ordenando al Ministerio revisar el reajuste
salarial reclamado y pagar RD$346,362.19, por concepto de incentivos de
rendimiento individual, incentivos colectivos SISMAP, bonos de carrera
administrativa y el equivalente a sesenta días de vacaciones acumuladas.
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