El Recurso de Amparo, el fallo del tribunal, el apoyo del
gobierno al desorden, la presión de los
transportistas y lo que esperamos los usuarios.
El Recurso de Amparo interpuesto por el Consejo Nacional
de Defensa al Consumidor (CONADECO), junto con el Consejo Nacional de la
Empresa Privada (CONEP). ante el
Tribunal Superior Administrativo (TSA),
en contra de varias instituciones del Estado entre las que se encuentran los
Ministerios de Industria y Comercio, Interior y Policía, De las Fuerzas
Armadas, Ministerio de Trabajo; además de la Policía Nacional, Procompetencia,
Autoridad Portuaria y la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), donde se busca liberalizar el sector
transporte en el país, garantizando las libertades de empresa, contratación,
competencia y tránsito y la mejoría del servicio a los usuarios que proclaman
su derecho a elegir.
CONADECO expresa el clamor por la aplicación de la ley,
porque es lo que podrá otorgar seguridad jurídica al país y garantías a sus
ciudadanos a través del cual solicita acabar con el monopolio del transporte,
lo cual es perjudicial en todos los órdenes porque en primer lugar es
violatorio de la Constitución de la Republica en su Art. 50.- el cual reza: “Libertad de empresa. El Estado reconoce y
garantiza la libre empresa, comercio e industria. Todas las personas tienen
derecho a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin
más limitaciones que las prescritas en esta Constitución y las que establezcan
las leyes”.
Además de la Carta Magna, la Ley General de Defensa de la
Competencia número 42-08, que crea a Procompetencia, persigue la promoción de
la libre competencia para de esta forma aumentar la eficiencia de los mercados,
con el fin de generar beneficio y valor en favor de los consumidores.
Procompetencia afirma que la competencia es la
concurrencia en un mismo mercado de múltiples empresas que producen bienes o
servicios similares y de un gran número de consumidores que compran libremente
con suficiente información. La Ley 42-08
prohíbe las prácticas desleales e ilícitas que son definidas como los actos o
comportamientos realizados en el ámbito comercial o empresarial que resulten
contrarios a la buena fe y ética comercial y cuyo objeto sea un desvío
ilegítimo de la demanda de los consumidores o usuarios.
Conadeco enfatizó que la República Dominicana también es
signataria de acuerdos internacionales y miembro de la Organización Mundial del
Comercio (OMC), entidad que promueve la libre competencia entre los diferentes
actores del mercado.
