Cuando alguien de los presentes en la concurrida sala de un cine en el centro de la capital europea cuestionó el papel del gobierno haitiano en el drama que sufren los trabajadores haitianos en República Dominicana, las respuestas no se hicieron esperar.
La más contundente, por directa quizás, fue la ofrecida por Claudette Werleigh, la flamante Primer Ministro del gobierno de Jean Bertrand Aristide en el exilio.
“El único Presidente que se atrevió a poner el dedo sobre la llaga llevando el tema hasta la Organización de las Naciones Unidas fue Aristide. Pocos meses después le vino un golpe de Estado”.
La sentencia de la ex funcionaria, hoy a la cabeza de una ONG europea de ayuda al tercer mundo, buscaba poner de manifiesto el enorme poder político que ejerce sobre los gobiernos el capital invertido en la producción de azúcar en la República Dominicana, cuya cara más cruenta se divisa en los bateyes.
Otros llegaron a calificar de “silencio cómplice” la actitud complaciente de los gobiernos de la isla con los dueños del capital, de quienes dependen para mantener la cuota azucarera en el mercado internacional y los salarios de los picadores de caña, aunque paupérrimos necesarios para la supervivencia de cientos de haitianos a quienes cada año la desesperación por la miseria les convierte en presa de los “buscones de mano de obra”, allende la frontera.
En efecto, la ponencia del sacerdote católico de origen belga Pedro Ruquoy se centró en las prácticas “abusivas, ilegales e inhumanas” en que incurren los propietarios de los ingenios azucareros del Sur y del Este de la República Dominicana durante el proceso de reclutamiento de mano de obra en Haití. Y en las pésimas condiciones de vida de estos trabajadores.
Reclutamiento clandestino, aveces forzoso, al margen del derecho y de la legalidad internacional y a la más vieja usanza que ha sido llevado incluso a las pantallas de cine sin que hasta ahora ello haya merecido un cambio de actitud en los propietarios de los ingenios.
La producción azucarera dominicana está centralizada en poco más de una decena de ingenios, entre ellos los del Central Romana Corporation, que con sus 300 mil toneladas de azúcar crudo al año se ha convertido en el mayor exportador. Esta mega corporación propiedad de la familia Franjul aporta el 50 por ciento de la producción nacional de azúcar y tiene sus ramificaciones en casi todas las áreas de la economía dominicana.
Le siguen el Consorcio Azucarero de Empresas Industriales (CAEI), perteneciente a la todo poderosa Familia Vicini; Zucarmex, de capital mexicano; y el Consorcio Dominico-Franco-Americano ligado a la familia Campollo, originaria de Centroamérica; entre otros de menor producción.
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