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Por Edwin De La Cruz
Periodista y sindicalista
En la República Dominicana, el Seguro
Nacional de Salud (SENASA) representa una de las políticas públicas más
relevantes de los últimos años en materia de inclusión social. Su modalidad
subsidiada, dirigida especialmente a personas en condición de vulnerabilidad,
ha permitido que millones de dominicanos accedan a servicios de salud sin tener
que aportar directamente al régimen contributivo. Pero aquí hay una verdad que
no debe pasar desapercibida: quienes reciben este beneficio también pagano, y
no poco.
Un sistema que garantiza dignidad a
quienes más lo necesitan
El régimen subsidiado de SENASA cubre
actualmente a más de 5,7 millones de personas, incluyendo trabajadores
informales, desempleados, adultos mayores sin pensión, madres solteras y otros
grupos históricamente excluidos del sistema de seguridad social. Para ellos,
este seguro no solo significa acceso a consultas, emergencias, tratamientos o
medicamentos; también representa un símbolo de dignidad y justicia social.
Este modelo ha sido vital para la
clase trabajadora dominicana (en especial la informal), que no siempre cotiza
en la Tesorería de la Seguridad Social, pero que sostiene la economía nacional
desde múltiples oficios invisibilizados: vendedores ambulantes, motoconchistas,
conserjes, albañiles, empleadas domésticas, etc.
Sí impuestos paganos, aunque no estén
en la TSS
Es necesario romper con el discurso de
quienes están en el régimen subsidiado “no aportan”. Sí lo hacen, pero lo hacen
de forma indirecta. Aunque muchos alimentos de la canasta básica y los
medicamentos están exentos de ITBIS, hay otros productos alimenticios
procesados, artículos de uso diario, electrodomésticos, vestimenta, materiales
escolares y servicios como el transporte o la comunicación que sí están
gravados.
Cada vez que una persona compra un
jugo, una botella de agua, un paquete de galletas paga una recarga telefónica o
un pasaje en carro público (afectado por el impuesto al combustible), está
aportando al fisco.
Este aporte cotidiano e invisible de
los trabajadores informales y desempleados no debe ser ignorado. No tener una
nómina o un salario fijo no significa estar al margen del sistema. De hecho, es
justamente gracias a esos impuestos indirectos que el Estado puede sostener
políticas como el SENASA subsidiado.
Por eso, hablar de “subsidio” no
debería implicar asistencialismo, sino reconocer un derecho ganado por una
ciudadanía que también cumple con sus obligaciones fiscales, aunque desde otro
ángulo.
SENASA Subsidiado no debe verse como
una carga presupuestaria, sino como una inversión en capital humano. Fortalecer
este programa es garantizar la productividad de una población trabajadora que,
aunque no figura en la formalidad, sostiene la economía desde abajo y paga el
precio del día a día. Desprotegerlos sería un acto de injusticia social y
económica.
Si el Estado reconoce que todos
pagamos impuestos, aunque sea indirectamente, entonces debe asumir que todos
merecemos protección y derechos básicos, como la salud. La clase trabajadora
informal y los desempleados no están de manos vacías frente al país: están
contribuyendo desde cada compra, cada servicio pagado, cada esfuerzo diario.
Por eso, el régimen subsidiado del
SENASA no debe verse como un favor, sino como parte de un contrato social más
justo, más humano y realista con la vida de millones de dominicanos. Invertir
en su salud es también invertir en el desarrollo sostenible y en la paz social
de la nación.
