Ariel Noyola
Rodríguez - RT
Mentiras
desde los medios de comunicación, injerencia de EE.UU. y amparos para sabotear
al Gobierno, son los ingredientes de una estrategia que busca que el presidente
abandone el poder.
Luego de la
destitución de Pedro Castillo de la Presidencia de Perú, Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre si existe el riesgo de que ocurra un
escenario similar en México. El mandatario lo negó: la población está "muy
avispada", es "muy fantasioso".
Sin embargo,
varios miembros de los partidos que lo llevaron al poder, aseguran que, desde
su toma de posesión, AMLO es objeto de una estrategia de "golpe
blando" con tres componentes.
Mentiras
desde los medios de comunicación corporativos, presiones desde el exterior y
amparos para sabotear las acciones de su Administración, son los ingredientes
de un plan que estaría buscando desgastarlo para, en última instancia,
conseguir su defenestración.
Calumnias
desde los medios corporativos
El presidente
López Obrador ha sido blanco de una campaña de ataques orquestada desde la
mayoría de los medios de comunicación, según integrantes del oficialismo.
En un primer
momento, para contrarrestar esta campaña, el mandatario salía a desmentir, él
mismo, varios de los reportajes sobre supuestos actos de corrupción que
involucraban a su Gobierno.
Ya en un
segundo momento, designó un día a la semana para hablar de las
"calumnias" publicadas en los medios. Esta sección de su conferencia
matutina lleva por nombre 'Quién es quién en las mentiras', a cargo de Ana
Elizabeth García Vilchis.
Aunque AMLO
insiste que "la gente ya no cree en las mentiras" que se difunden
desde los medios de comunicación corporativos, se ha venido apoyando cada vez
más en García Vilchis.
La polémica
sección pasó de realizarse una vez a la semana, a llevarse a cabo cada vez que
el mandatario lo considera conveniente.
"Está
subiendo el número de mentiras y la desesperación de nuestros adversarios, se
va a seguir incrementando la calumnia", sentenció el 9 de noviembre de
este año.
Paradójicamente,
López Obrador considera que la prensa en México "se regula a sí
misma". En estos cuatro años la política de comunicación de su Gobierno se
ha visto reducida, básicamente, a sus conferencias matutinas.
El presidente
López Obrador puso a cargo de varios de los medios públicos a periodistas con
larga trayectoria: Sanjuana Martínez y Jenaro Villamil.
A la primera
la colocó como directora de Notimex (la agencia de noticias del Gobierno) y al
segundo como presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado
Mexicano.
Ambos
periodistas conocen a detalle el modus operandi de los poderes fácticos. Los
respaldan sus investigaciones sobre el poder (y los abusos) de la Iglesia
católica y las dos principales televisoras en México.
Sin embargo,
ninguno de los dos ha conseguido fortalecer el papel del Gobierno en materia
comunicacional.
Los medios a
su cargo están muy lejos de competir frente a los gigantes corporativos. Y
tampoco han tenido la capacidad de plantear una agenda informativa propia.
De acuerdo
con estimaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la audiencia de
la televisión abierta—donde reinan Televisa y Tv Azteca—, pasó de 64 a un 77 %
entre 2017 y el primer trimestre de 2022, confirmando su liderazgo como medio
de consumo audiovisual.
Acusaciones
desde Washington, el Parlamento Europeo y la OEA
El Gobierno
del presidente López Obrador no ha estado exento de presiones desde el
exterior. Gobiernos y organizaciones internacionales han lanzado una serie de
acusaciones que han puesto en duda la gobernabilidad del país.
En el caso de
EE.UU., el jefe del Comando Norte, el general Glen VanHerck, declaró en marzo
de 2021 que por lo menos un 35 % del territorio mexicano estaba bajo el control
de la delincuencia y el crimen organizado.
Se añaden
también las 'alertas de viaje' hechas desde el Gobierno de Joe Biden para que
ciudadanos estadounidenses eviten trasladarse a entidades federativas en México
consideradas de "alto riesgo".
Otro asunto
punzante entre ambos Gobiernos es el financiamiento a organizaciones no
gubernamentales como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad A.C. —donde
ha participado gente que AMLO considera opositora como Claudio X. González
Guajardo—, de parte de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional
(USAID, por sus siglas en inglés).
Por otro
lado, en marzo de este año, el Parlamento Europeo alertó sobre una falta de
libertad de expresión en México, en plena discusión de la reforma constitucional
en materia eléctrica, que ponía en entredicho varios de los contratos de
empresas europeas, entre ellas, la española Iberdrola.
La OEA se ha
convertido en el buzón de quejas favorito de la oposición. Los dirigentes del
PAN y PRI lo mismo han denunciado la "intromisión del crimen organizado en
las elecciones", "ataques a las instituciones",
"persecución política", que la "instalación de una
dictadura".
La
declaración del Parlamento del Viejo Continente habría sido una forma de
presionar al Congreso para no aprobar la iniciativa, de acuerdo con Gerardo
Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo.
La
Organización de Estados Americanos (OEA), por su parte, se ha convertido en el
buzón de quejas favorito de la oposición
Los
dirigentes nacionales de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario
Institucional (PRI), lo mismo han denunciado la "intromisión del crimen
organizado en las elecciones", "ataques a las instituciones",
"persecución política", que la "instalación de una dictadura".
Más
recientemente, antes de la votación de la reforma electoral en la Cámara de
Diputados, la OEA rechazó la iniciativa enviada por el presidente.
Santiago
Cantón, jefe de la Misión Electoral de la Organización, presentó un informe que
señalaba que México "no requiere de reformas profundas para seguir
garantizando el ejercicio pleno del sufragio", y criticó los "ataques
infundados" contra el árbitro electoral.
Amparos:
sabotaje por la vía judicial
Otra de los
ingredientes de la estrategia que busca descarrillar al presidente López
Obrador es el sabotaje contra sus acciones de Gobierno y varias de las reformas
aprobadas en el Congreso.
La batalla a
través del Poder Judicial comenzó tras la cancelación del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México, localizado en Texcoco (Estado de México).
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