Con la ratificación de Granada entró en vigor
el Acuerdo de Cooperación Regional en materia de Desastres Naturales, firmado
por los 25 miembros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) en 1999 y que
busca afrontar fenómenos como el cambio climático, que según un reporte
presentado en la Cumbre Río+20 costará unos 100 mil millones de dólares anuales
a los países caribeños y latinoamericanos.
El gobierno de Colombia, país depositario del
Acuerdo, informó que el pasado 31 de marzo recibió el instrumento de
ratificación de Granada, miembro de la AEC, con lo cual se alcanzó el mínimo de
ratificaciones para que el Acuerdo de
Cooperación Regional en materia de Desastres Naturales pueda entrar en
vigor.
El acuerdo reconoce la vulnerabilidad de los
Estados del Gran Caribe ante desastres naturales, y subraya las consecuencias
adversas que los desastres naturales tienen en la salud y bienestar de la
población, en la diversidad biológica, las economías y la infraestructura en la
región.
También detalla un marco en la formulación,
financiamiento y ejecución de los programas para atención y prevención de
desastres en la región, formada mayormente por estados insulares, más
vulnerables a fenómenos como el cambio climático.
En términos de cooperación en materia de turismo
sustentable, prevención y manejo de desastres naturales, en noviembre de 2013
entró en vigor el Convenio para el Establecimiento de la Zona de Turismo
Sustentable del Caribe.
Un estudio divulgado en 2012, a propósito de
la Cumbre Río+20, señalaba que Latinoamérica y el Caribe deberán afrontar daños
anuales del orden de los 100 mil millones de dólares hacia 2050 debido a
eventos del calentamiento global.
El estudio, elaborado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL) y el World Wildlife Fund (WWF), indicaba que los países de
Latinoamérica y el Caribe son especialmente vulnerables a los efectos de éste
debido a su alta dependencia de los recursos naturales, una red de
infraestructuras susceptible a eventos climáticos y a la presencia en la región
de sitios o ecosistemas críticos como la cuenca del Amazonas, las formaciones
coralinas en el Caribe, los humedales y frágiles ecosistemas montañosos.
Como ejemplo, se citaba que en el Caribe una
pérdida del 50% en la cubierta de coral por el blanqueo de esos organismos
costaría alrededor de 7 mil millones de dólares a las economías de la región.
Poco después, un reporte del Banco Mundial
advirtió que la erosión y salinización de los suelos y las inundaciones
costeras serán solo dos de las muchas consecuencias negativas que traerá el
ascenso del nivel del mar, afectando zonas densamente pobladas y en las cuales
se desarrolla el grueso de la actividad turística, clave para la economía de
los países caribeños.
De acuerdo con los datos del BM, el 70% de la
población caribeña vive en las costas. Prácticamente todas las ciudades
principales del Caribe, en las cuales habitan millones de personas, están a
menos de una milla o kilómetro y medio de distancia de la costa. En la lista se
incluyen urbes como Puerto Príncipe, en Haití, y La Habana, en Cuba.
El reporte del BM advertía que la erosión
costera por un aumento en el nivel del mar amenaza la industria turística. De
hecho, esa realidad ya se vive en St Georges, Granada, Kingstown, San Vicente,
Castries, Santa Lucía y, sobre todo, en Cane Field, Dominica, donde el
aeropuerto se inunda constantemente.
La Asociación de Estados del Caribe está
conformada por 25 estados: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana,
Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, San
Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam,
Trinidad y Tobago y Venezuela.
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