Es cierto que la CDEEE no es todo el sistema eléctrico del país, ni Celso Marranzini tiene una varita mágica para corregir en un abrir y cerrar de ojos sus retorcidos entuertos; pero el peso de la Corporación ha crecido tanto con la readquisición de las tres distribuidoras que cualquier mínimo intento de cambio en el sector tendría que comenzar con ella.
En efecto, en su artículo 38, la Ley General de Electricidad, Ley 125-01, se consigna:
“Se crea la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), cuyas funciones consisten en liderar y coordinar las empresas Eléctricas, (…)”.
Esas empresas eléctricas son Edenorte, Edesur y Edeeste, la empresa de transmisión (ETED) y la de generación hidroeléctrica (EGEHID).
Además, la CDEEE administra, entre otros, los contratos con la generadoras Smith and Enron, la Compañía Cogentrix, y, por otro lado, representa al Estado en los consejos de administración de EGEHAINA y EGEITABO de las cuales es socio en un 50%.
Y, según la citada ley, la CDEEE es la responsable de los proyectos de electrificación rural y suburbana a través de la Unidad de Electrificación Rural (UER).
Estos datos revelan que aunque en términos legales el regulador del sector es la Superintendencia y el formulador de planes y políticas es la Comisión de Energía, en los hechos, debido a su aplastante presencia en todos tramos del negocio, la que “regula”, “planifica” y controla es la CDEEE.
Es decir, la solución o la perdición pasan por sus salones
En ese sentido, un reto gerencial y político de Marranzini es lograr que las distribuidoras a las cuales debe “liderar y coordinar”, según la Ley, facturen toda la energía que sirven (actualmente dejan de facturar el 30 %), formalicen la conexiones de cerca de 1.2 millones de consumidores que no tienen medidores o contratos y reduzcan sus pérdidas totales de cerca del 40% a 15% que es el promedio de perdidas en América Latina.
Es un reto gerencial porque para lograr tales propósitos se requerirá no solo sanear en términos de personal y gastos exagerados a la CDEEE, sino aplicar lo mismo en las tres distribuidoras, EGEHID y ETED; además, procurar inversiones por encima de los 500 millones de dólares en redes, transformadores, postes, transportes, sistemas de medición, informática y otras logísticas imprescindibles.
Y es un reto político porque esas transformaciones afectaran intereses poderosos y levantiscos y, posiblemente, implicarían cambios sustanciales en la configuración actual del régimen de propiedad del sistema eléctrico e incluso de la propia Ley General de Electricidad. Al final, tanto los cambios de fondo, como el financiamiento de las acciones enunciadas requerirán dotar al sector de un aura de confianza y estabilidad de largo aliento y para eso se requerirá apoyo y compromiso de la clase política…y no solo del Gobierno.
