Historia Dominicana en Gráficas
Colaboración Úrsula Ydane Rodríguez
En medio de la crisis político-militar que afectaba el país desde
finales de 1965, el gobierno provisional de Héctor García Godoy, asesorado por
la Organización de Estados Americanos, preparaba las elecciones de junio de
1966 y hacía esfuerzos para someter a la obediencia a los militares que
estuvieron implicados en la Guerra de Abril.
Terminado el conflicto cívico-militar, oficiales vinculados a Rivera
Caminero y Elías Wessin y Wessin iniciaron una cacería contra los soldados de la Brigada Mixta
Gregorio Luperón, formada con los militares constitucionalistas.
Desde antes de finalizar 1965, los universitarios de la UASD reclamaban
al gobierno provisional la entrega de la asignación presupuestal
correspondiente al pago de los salarios
y recursos para iniciar el semestre en 1966. Como los reclamos no eran
satisfechos, la Federación de Estudiantes Dominicanos y estudiantes de las escuelas públicas
desarrollaron un plan de lucha para obtener los recursos necesarios.
En la Universidad se vivía con intensidad el Movimiento Renovador, proyecto académico que buscaba convertir la
institución en un centro democrático que
facilitara el ingreso de los jóvenes estudiantes. Contrario a ese movimiento,
las autoridades encabezadas por el doctor Tomás Mejía Féliz hacían esfuerzos
para mantener el control de la casa de
altos estudios, pero su influencia había
llegado a su fin.
En la Universidad existían dos consejos universitarios: uno vinculado a
intereses de derecha y otro provisional
relacionado con el Movimiento Renovador. El 2 de febrero de 1966, miembros del Consejo Provisional fueron
llevados a la justicia acusados de usurpadores, mientras los estudiantes
reclamaban en las calles que el presidente García Godoy accediera al reclamo
presupuestario.
El 9 de febrero los estudiantes marcharon al Palacio Nacional
acompañando a una comisión de la Federación de Estudiantes Dominicanos
integrada por Amín Abel, Diómedes Mercedes, Luis E. Brea, Jimmy Sierra, Gustavo
González, Héctor Florentino, José Sosa, Carlos Dore Cabral y Romeo Llinás;
además de Juan B. Rodríguez y Pedro Díaz, de la Unión de Estudiantes
Revolucionarios; Juan Barón Fajardo, Jacobo Valdez y Miguel Gómez, de la
Juventud Revolucionaria Cristiana; el nuncio apostólico Emmanuelle Clarizio y
el sacerdote Sergio Figueredo, con la intención de reunirse en Palacio con el
presidente provisional. Recibidos por el secretario de la Presidencia fueron
informados de que el encuentro sería en horas de la tarde.
Al salir la comisión del Palacio a las diez de la mañana y cuando Romeo
Llinás se dirigía a los estudiantes para
explicar lo que estaba sucediendo con relación a la entrevista con el
presidente, se inició el ametrallamiento.
Miembros de la Policía y militares dispararon ráfagas y bombas
lacrimógenas, con un saldo de cuatro estudiantes muertos y 40 heridos de bala.
Otros tres murieron y decenas resultaron
heridos ese día en las calles de
la ciudad en disturbios posteriores al acontecimiento. El jefe de la policía
entonces , era el General Hermann Despradel Brache.
Los muertos fueron Amelia Ricart Calventi, Antonio Santos Ramírez, Luis
Jiménez Mella y Miguel Tolentino, y entre los heridos Josefa de la Rosa,
Fortune Modesto Valerio, Adrián de Jesús, Antonio Pérez Méndez, Brunilda
Amaralt, Modesto Guzmán, Freddy Cruz, Patricio Concepción, Juan Castillo y
Bienvenido Rivera.
El hecho provocó protestas en los
barrios y el inicio de una huelga en la que se pedía la destitución del jefe de
la Policía y de los militares
responsables, así como la salida de las tropas norteamericanas del país. En el
sector Villa Francisca murió el primo del coronel Caamaño, Ricardo Caamaño
Tejada. En otros sectores murieron tres policías, mientras soldados de la
Fuerza Interamericana de Paz participaban en la represión del movimiento de
protesta.
El país paralizado obligó al presidente Godoy,
el 10 de febrero, a movilizar tropas militares, destituir al jefe de la Policía
y nombrar en su lugar a José de Jesús Morillo López. Como ministro de las Fuerzas Armadas fue designado Enrique
Pérez y Pérez. Ese día García Godoy visitó el campamento 27 de Febrero y se
reunió con los militares constitucionalistas.
La paralización general fue convocada por un Comité de Huelga encabezado
por Miguel de Soto, Pedro Julio Evangelista, Alfredo White, G. Ventura Decena y
Enrique DOrville, además de FOUPSA, FENATRAICA, FENEPIA y la FED.
En los días de la huelga, el Departamento de Estado, el papa Paulo VI y
la OEA externaron preocupación y exigieron respeto a los derechos humanos, pues
murieron otras 12 personas y 32
resultaron heridos, entre ellos 8 militares de las FIP. La protesta fue apoyada
por el profesor Bosch quien, en alocución del día 13, expresó que el
ametrallamiento del día 9 había acabado con la paciencia del pueblo; pero
aclaró que la huelga no era para
derrocar al Gobierno, sino para reclamar la sumisión de los militares al poder
civil y exigir castigo para los responsables del ametrallamiento. La huelga
finalizó el 17 de febrero, obteniendo los universitarios algunas de las
conquistas exigidas.
Joaquín Balaguer, quien había regresado al país, se opuso a la huelga y
el día 21 acusó a Bosch de subversivo.
En discurso, el político
reformista criticó a los partidos que, según él, juegan a la subversión, a la
intriga política, preparan huelgas, fomentan el golpe de Estado y apelan al
terrorismo para llegar al poder.
Terminado el conflicto y luego de la salida del país de los soldados
constitucionalistas y los oficiales que les enfrentaron, el gobierno de García
Godoy se concentró en la organización de las elecciones de 1966, las que
fueron ganadas fraudulentamente por el
Partido Reformista, dando inicio a los 12 años de Balaguer.
Texto: Alejandro Paulino
