Santo Domingo, LD.- Los miembros de la Cámara de
Cuentas entraron de forma determinante entre los investigados por corrupción
administrativa, tras la afirmación del ministerio público de que habrían
alterado auditorías para favorecer que exfuncionarios encubrieran acciones
fraudulentas contra el erario.
Un comunicado de la Procuraduría General de la
República expresa que sus fiscales han detectado “indicios que comprometen la
responsabilidad penal de la Cámara de Cuentas en delitos de corrupción
administrativa, por lo que decidió ampliar las investigaciones que por
obstrucción de la justicia inició contra sus actuales integrantes”.
Agrega el comunicado que las indagatorias contra la
Cámara de Cuentas, que encabeza Hugo Francisco Álvarez Pérez, “apuntan a la
comisión de delitos como asociación de malhechores, falsificación de
documentos, coalición de funcionarios, complicidad en estafa contra el Estado y
lavado de activos”
Especifica que las investigaciones “han establecido
que en la Cámara de Cuentas se alteraron múltiples auditorías para beneficiar a
exfuncionarios de dependencias oficiales que eran examinadas.
Las investigaciones que lideran la Dirección General
de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de
Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dirigidas por los
magistrados Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, abarcan a todos los
integrantes de la Cámara de Cuentas.
También a funcionarios de otras áreas de esa
institución fiscalizadora del uso de los fondos públicos, como la Consultoría
Jurídica y la Dirección de Auditoría.
Interrogatorios
A mediados de diciembre, el ministerio público
comenzó a interrogar al presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez,
y al secretario, Carlos Noé Tejada Díaz, como parte de una investigación contra
los miembros del organismo fiscalizador del Estado “por obstruir la justicia al
entorpecer indagatorias sobre corrupción en instituciones estatales”.
“Los funcionarios fueron citados a fin de que
declaren respecto a informaciones que posee el Ministerio Público sobre manejos
irregulares por parte de los miembros de la Cámara de Cuentas, para impedir el
suministro de los informes requeridos para el desarrollo de las investigaciones
llevadas a cabo por corrupción administrativa, lavado de activos e infracciones
conexas”, dijo entonces la Procuraduría General en un comunicado.
La Pepca, con el apoyo de la Dirección General de
Persecución del Ministerio Público, se encuentra inmersa en múltiples
investigaciones referentes a denuncias y querellas sobre irregularidades en
distintas instituciones de la administración pública. Los fiscales han remitido
reiteradas comunicaciones en las que solicitan información a la Cámara de
Cuentas. Sin embargo, sus miembros han respondido con evasivas, “teniendo
además el Ministerio Público evidencias de que los mismos han incurrido en
manejos irregulares, para impedir el suministro de los informes requeridos para
el desarrollo de las indagatorias”, apuntó la Procuraduría.
Sanciones previstas
“La pena de la reclusión se impondrá: a los
funcionarios públicos, agentes o delegados del Gobierno, cualquiera que sea su
grado, y la clase a que pertenezcan, que requieren u ordenaren, hicieren
requerir u ordenar la acción o el uso de la fuerza pública, para impedir la
ejecución de una ley, la percepción de una contribución legal, la ejecución de
un auto o mandamiento judicial o de cualquiera otra disposición emanada de
autoridad legítima”, establece el artículo 188 del Código Penal.
