El Cañero

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20 de agosto de 2012

Niegan prestaciones a “dreamers” en Arizona

La gobernadora Jan Brewer manifestó que los indocumentados en el estado no obtendrán la licencia de conducir.
Phoenix.- Una orden ejecutiva firmada por la gobernadora de Arizona obliga a las oficinas estatales a negar la licencia de conducir y otras prestaciones públicas a los jóvenes inmigrantes que viven en el país sin permiso legal aunque obtengan permisos para trabajar con el programa federal que acaba de entrar en vigor.
La orden firmada el miércoles por la gobernadora Jan Brewer tiene lugar semanas después de que el presidente Barack Obama anunciara un cambio de política hacia los hijos de inmigrantes irregulares, a quienes se les conoce como dreamers. Brewer calificó la medida como una “amnistía clandestina” y un juego político del presidente demócrata.
En la orden, Brewer dijo que quiere reafirmar la intención de la ley vigente de Arizona que niega a los inmigrantes irregulares permisos de conducir y prestaciones que son pagadas por los contribuyentes.
Los jóvenes inmigrantes comenzaron a solicitar desde el miércoles permisos para trabajar bajo la ley del gobierno de Obama conocida como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que evita que muchos de ellos sean deportados si cumplen con determinados requisitos.
Entre las condiciones figuran que los interesados hubieran llegado a Estados Unidos antes de los 16 años y que no hubieran recibido sentencias por determinados delitos. Arizona se ha ubicado en la vanguardia de los estados que han decretado leyes contra la inmigración ilegal.
Medida
La Corte Suprema de Estados Unidos anuló en junio partes de la ley de Arizona —conocida como la SB1070—, pero autorizó la vigencia de una disposición crucial que obliga a la Policía a preguntar a las personas sobre su condición migratoria en ciertas circunstancias.
El gobierno de Obama impugnó la normativa en 2010 después de que Brewer la promulgara.
En la década pasada, los electores de Arizona aprobaron en dos ocasiones leyes para que se negaran servicios pagados con recursos de los contribuyentes —como inscripciones a universidad con cobros favorables para residentes— a los inmigrantes que no vivan legalmente en el país, salvo que lo hubiera ordenado el gobierno federal.

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