Vianny Dolice Mejía Peguero
El principal destino de reses y caballos,
vivos o muertos, es Haití
Debido al incremento del cuatrerismo y el
sacrificio de animales de forma ilegal, que en las últimas semanas se ha
incrementado en el país, representantes de la Dirección General de Ganadería y
la Procuraduría General de la República, a través de su Departamento de
Protección Animal, sostuvieron un encuentro para buscar soluciones a esta
situación, que afecta a grandes, medianos y pequeños propietarios de distintas
zonas.
En la reunión, que tuvo lugar en la sede de
la Dirección General de Ganadería, participaron el director de esta entidad,
Giovanny Molina; la doctora Marilyn Rafaela Lois Liranzo, coordinadora de
Operaciones del Departamento de Protección Animal de la Procuraduría; Eric
Rivero, asesor agropecuario del Poder Ejecutivo y presidente de la
Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro).
También participaron Milton Núñez,
subdirector de Ganadería; doctor Rafael Tobías Artiles, asistente del director
de Ganadería; Rafael Núñez, director de Sanidad Animal; doctor Carlos Lizardo,
ex director de Ganadería; Nelson Landestoy, supervisor del proyecto D-1
Ganadero, y Alvin Rojas.
La doctora Lois Liranzo, en su calidad de
representante del Ministerio Público, explicó que prácticamente a diario se
llevan a cabo robos de reses y caballos para comercializarlos, ya sea en pie o
sacrificados.
Dijo que el Ministerio Público tiene
sometimientos y casos apoderados ante la Justicia de robo de animales en San
Pedro de Macorís y Hato Mayor, pero que esas acciones también se han extendido
a otras zonas del país.
Mientras que Eric Rivero dijo que “en un solo
día se han detenido más de 90 personas con caballos sin papeles de pertenencia;
o sea, que es un negocio que está causando males a lo largo y ancho del país,
que involucra a cientos de animales.
“Con la colaboración de todos los sectores
involucrados, hacemos un llamado a la Policía Nacional para que siga apoyando,
lo mismo que al Ejército, que también debe ser parte de esto, porque hay zonas
donde los militares tienen presencia en las carreteras”, afirmó.
El dirigente agropecuario consideró que deben
ser cientos los animales que son transportados hacia la región Sur, muchos de
estos con destino final en Haití, y que se debe trabajar de forma mancomunada
en los controles de Ganadería en las carreteras, como acción preventiva que no
se limite solo al tema de sanidad.
“Esta situación, que afecta a una parte
importante de la población, Ganadería, aunque tiene como mandato solamente
ejercer el control de carreteras por sistema sanitario, también está trabajando
para hacer la alianza necesaria y llevar a cabo los sometimientos con los
apresados que violen la ley y puedan ser castigados con penas más severas, como
las penas por maltrato animal y la de hurto o robo”, explicó Rivero.
Afirmó que el robo de caballos para enviarlos
Haití, vivos o sacrificados, es un secreto a voces, y que en pasadas
administraciones en Ganadería había en las carreteras un descontrol total, que
cuando llegó el equipo actual a Ganadería, se comenzaron a poner controles
internos, y que eso trajo como consecuencia que en un solo día fueron agarrados
91 caballos sin papeles, que eran transportados en camiones por la carretera
del Sur, rumbo a la frontera.
“Como se le puso difícil la carretera
transportando los animales en pie, comenzaron entonces a sacrificar caballos”,
agregó.
Cuando el director de Ganadería dijo no
entender por qué tantos animales son transportados desde la región Este hacia
el Sur, Rivero explicó que el Este es la región con las más amplias extensiones
de terrenos, donde la gente tiene mayor cantidad de reses, y muchas veces el
cuidado de los animales no es tanto como en el Sur, donde hay pequeños predios
y los productores le dan una protección más especial.
Giovanny Molina expresó que al llegar a la
institución puso más rigores en cuanto a control interno, y que eso conlleva
que se exija el estricto cumplimiento en el transporte de animales, “cuyos
responsables ni siquiera llevaban ninguna documentación sanitaria y ni la
certificación de los alcaldes”.
Y concluyó: “En cada accionar de nosotros, en
esa paralización de ganado equino, ovino, tanto sanitaria como legal, le hemos
avisado a al Ministerio Público”.
