Laboratorios autorizados cobran 4,300 pesos,
más del 50% de salario mínimo estatal
Redacción/El Correo
SANTO DOMINGO: Es funcionario del Gobierno
dominicano el empresario farmacéutico que tiene los derechos adquiridos en el
país para realizar las pruebas del coronavirus, que hasta este martes ha dejado
312 casos confirmados y seis fallecidos, entre ella la diseñadora Jenny
Polanco.
Según investigaciones realizadas por periodistas
de Elcorreo.do, las empresas Roche Diagnostics y Oscar A. Renta Negrón (OARN)
son propiedad de Carlos Leroux Moya, quien es miembro de la Comisión
Aeroportuaria, designado por el presidente Danilo Medina mediante el decreto
número 567-12 del 11 de septiembre del 2012.
Fue designación en sustitución del señor Omar
Hasbún, reza al artículo 1 del documento presidencial.
El empresario Leroux Moya ha sido suplidor
del Ministerio de Salud Pública al ser el responsable, a través de su empresa,
de instalar en el Laboratorio Nacional Doctor Defilló, perteneciente de ese
ministerio, el equipo COBA 6800, un dispositivo de biología molecular que
permite realizar los exámenes del COVID19.
La sociedad comercial, junto al funcionario
del Gobierno, la completa Oscar Renta Negrón, quien funge como distribuidor
para la República Dominicana de Roche Diagnostics, según los documentos en poder
de ElCorreo.do.
Ha causado extrañeza en el país que el
Gobierno no esté realizando las pruebas gratis del coronavirus, como lo están
haciendo todas las naciones del mundo, pese a aumentar cada día los casos
detectados y que ha llevado a que las autoridades hayan tenido que declarar una
emergencia nacional.
En la rueda de prensa de este lunes el
ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, reveló que la institución
que dirige fijó, junto a la empresa farmacéutica y los laboratorios privados,
el precio que se cobra a los pacientes para los estudios médicos.
El funcionario explicó que los tests que
aplican los laboratorios privados Referencia y Amadita, únicos autorizados para
hacer el diagnóstico, son adquiridos a través de la multinacional farmacéutica
Roche, que compró los derechos internacionales para su distribución. “y como
ustedes saben, pues una parte es comercial que tiene un costo, por eso hay un
pago que esas empresas están cobrando por el servicio contractualmente que
hemos establecido que son RD$4,300”, dijo, ante lo que calificó como una
“colaboración público-privada”.
Sánchez Cárdenas argumentó en ese sentido
para justificar la razón por la cual el Gobierno no puede socializar la
aplicación de las pruebas, por tratarse de un negocio privado.
Ese costo representa casi la mitad del
salario mínimo estatal establecido en la República Dominicana, y un poco menos
que el más deprimido de los varios salarios que imperan en el sector privado.
El dispositivo COBA 6800, además de
identificar el coronavirus, también fue diseñado para su rápida integración en
el flujo de trabajo del laboratorio, con soluciones que van desde la pre hasta
la post analítica. Dentro de las principales pruebas que realiza el equipo son
carga viral para HIV, hepatitis C y B.
Este modelo de estudio fue puesto a operar en
el país en el año 2016 por la empresa del señor Carlos Leroux M