Por El Grillo
Ante la evidente decisión del procurador
general de la República, Jean Alain Rodríguez, de evadir por ocho meses sus
responsabilidades constitucionales en la persecución de los delitos
relacionados al caso Odebrecht, Marcha Verde señaló las fuentes de
investigación que el Ministerio Público debe consultar para garantizar
sanciones ejemplares a los políticos y
empresarios comprometidos con las prácticas de soborno, sobrevaluación y
financiamiento ilegal de campañas electorales.
Para el colectivo, lo primero que tiene que
hacer el Procurador en los cuatro meses que le quedan para presentar las
pruebas del caso Odebrecht es hacer cumplir el acuerdo en el que la
multinacional brasileña se comprometió a facilitar las pruebas para identificar
a los funcionarios corruptos, o, de lo contrario, dar por terminado el
convenido que hasta el momento solo le ha garantizado impunidad a la
constructora y sus funcionarios.
De igual forma, sostiene el movimiento, el
Ministerio Público debe explicar al país si los documentos recibidos de la
Justicia brasileña presentan o no la lista de los sobornados que tantas veces
se prometió, y que fue objeto y justificación del pacto de impunidad suscrito y
homologado con la Odebrecht.
Según el movimiento, la investigación nunca
servirá para aplicar justicia por el robo de los bienes comunes del pueblo
dominicano si el Ministerio Público no investiga, paso a paso, la ruta del
dinero que, según el entonces ministro y miembro del Comité Político Juan
Temístocles Montás, Odebrecht le entregó para financiar ilegalmente campañas
electorales de Leonel Fernández y Danilo Medina en la región Sur.
“La
investigación del caso Odebrecht no estará completa si no se investiga la
relación del presidente Danilo Medina con el delincuente internacional Joao
Santana, responsable de triangular y lavar dinero para la empresa en varios
países del mundo”, declaró Marcha Verde mediante rueda de prensa realizada
frente a las oficinas de la Procuraduría.
La acusación que presente el Ministerio
Público antes del 9 de junio del 2018 y el inicio de otros casos persecución
penal debe incluir, Marcha Verde, a todos los sobornados desde el 2001 al 2014,
y no solo los actuales encartados.
A modo de conclusión señalaron que en los
próximos meses tiene que identificarse el monto de los sobornos entregados y el
mecanismo financiero utilizado para hacerlos llegar a los sobornados,
intermediarios o personas interpósitas, además de explicar cómo Odebrecht va a
resarcir los daños materiales y morales causados a la República Dominicana no
contemplados en la multa.
