Tony Raful
hijo
Abogado con maestrías en Derecho
de la Regulación
Económica y
Política Económica Internacional.
En días
recientes vimos como el Congreso de la República era objeto de críticas por
parte de la población al establecer para ellos un sistema de pensiones distinto
y mejor al de todos. Y es una crítica válida. Es indignante que nuestros
políticos no sufran con nosotros lo que ellos mismos han creado.
En República Dominicana tenemos
un sistema conceptualmente deficiente e injusto de pensiones. Es un sistema
privado donde a cada uno le quitan parte de su salario para que los manejen las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Es un sistema de ahorro forzoso
(nadie puede salirse y elegir dónde invertir) donde le damos el poder a un
intermediario (AFP) de jugar con nuestro dinero con un riesgo mínimo y en el
ínterin ganar mucho, mucho dinero.
El sistema que tenemos en el país
fue originado en la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, quizás por la obvia
falta de oposición, el experimento individualista vino a sustituir el clásico
sistema de repartos que ocurría en el mundo entero. Y que todavía ocurre en el
mundo entero. Para ponerlo en perspectiva el sistema que tenemos en RD solo
existe en 9 países más (Chile, Nigeria, Kosovo e Israel entre ellos). Varios
países que lo intentaron lamentaron la decisión hasta revertirla, como
Argentina, y en la cuna del invento, Chile, está siendo fuertemente cuestionado.
¿Por qué? Porque el deseo
principal de las AFP no es garantizar la pensión, sino hacerse de dinero. Como
todo sistema que privilegia el lucro buscan más comisiones y más rentabilidad,
sin importar a veces que esto suceda empeorando el servicio o disminuyendo el
margen de lo que generan las pensiones. Las razones de implementar este tipo de
sistema en Chile o en RD son las mismas razones que para cualquier otra
privatización, como dice John D. Saul:
“La privatización enriquece a los amigos
abogados, contadores, corredores bursátiles, banqueros e inversores. Luego
ellos hacen contribuciones al partido de su benefactor, dan empleo a los
candidatos derrotados o retirados, enriquecen la vida privada de los políticos
con viajes y entretenimientos, y en ciertos casos, llenan su cuentas bancarias
nacionales o extranjeras.” (1).
Como negocio las AFPs no son
siquiera el más provechoso para el pensionado, ¿Por qué tiene que haber más de
una AFP? ¿Por qué tienen que ser privadas? ¿Por qué las AFPs (intermediarios)
deben coger una tajada tan grande de lo que ganan las inversiones hechas con
dinero de los pensionados? ¿Por qué no tener una sola dirección o Consejo que
realice la misma función y cuyo margen de beneficio sea solo su salario? Nadie
cree realmente que el principal objetivo de los directivos de las AFP sea
mejorar las pensiones para el trabajador, ni siquiera que las AFPs estén
compitiendo entre sí pues son un oligopolio. ¿Entonces por qué no cortar al
intermediario privado?
Hace unos años tener una AFP era
el negocio más rentable del país. Y les daré un momento para digerir esto. Era
mejor que tener un Banco, una compañía de seguros o un puesto de Bolsa. Sin
embargo esa rentabilidad no era fruto de la competencia ni era toda para el
trabajador y su pensión.
De cada 100 pesos que contribuye
cada trabajador para su pensión las AFPs se toman un alto 5 pesos para
administrar sus fondos, y no sólo eso, también un 25% de la rentabilidad que
los fondos de los pensionados dejen (sobre la media de certificados de
depósitos comerciales). Recientemente el congreso disminuyó un poco ese margen
de beneficio. Pero no a un 15% como se pedía y aún excesivo. Se dieron duro en
el pecho y gritaron sobre injusticia y desigualdad hasta bajarlo de un 30% a un
25%. Todavía las AFPs siguen siendo de los mejores negocios del país. Cada año
reportan ganancias de miles de millones de pesos, por básicamente poner el
dinero de los trabajadores en certificados del Banco Central, de Hacienda u
otro Banco, pues al ser el mercado tan limitado: ¡No hay mucho más que hacer!
¿Lo peor? No garantiza una
pensión digna al trabajador. Cuando este modelo se publicitó en Chile en la
década de los 1980, para justificar el cambio se prometió una pensión de un 70%
del salario para los trabajadores. La realidad 30 años después es que es
alrededor de un 30%. ¿Y quién absorbe esta enorme deuda social de pensionados
pobres? No son las lucrativas y multimillonarias AFP, es el Estado. El cual
tendrá que entrar a dar un monto para que la pensión pueda ser digna y seguir
cargando las deudas sociales.
No esperemos que las AFPs nos
digan que “el problema es que se cotiza muy poco”, “que la informalidad”, “que
la oferta de inversiones son limitadas”, que “la edad de retiro es muy bajita y
la gente no quiere morirse”, que “nadie podía prever tan abrupta devaluación
del peso”… No esperemos que justifiquen lo poco de pensión que recibiremos en
el “gran esfuerzo” de inversión que ellas hacen “porque total no existía otra
salida posible”.
Existe otra salida y no es reformando,
necesitamos implementar un sistema de repartos regulado. El actual no garantiza
una pensión digna y los chilenos ya lo están viviendo. En el sistema de
repartos a grande rasgos el que se pensiona lo hace en solidaridad, con aportes
de los que trabajan en la actualidad y el Estado, todos nos cuidamos. No es
perfecto, pero no hay entes angurriosos cogiéndose una tajada que puede
dedicarse a la dignidad de los trabajadores pensionados, que debe ser el
objetivo del sistema.
Estas ideas no son revolucionarias,
el sistema de repartos existe en el 95% del mundo incluyendo los países más
avanzados e industrializados, como existe aún en muchas instituciones estatales
de RD (El Congreso, Banco Central, Reservas, UASD, etc etc). Y países que han
implementado el modelo de las AFPs lo han sabido echar para atrás. Copiemos lo
bueno. No esperemos como en Chile perder 30 años para quejarnos, porque las
futuras generaciones en Chile seguro entenderán que al venir de una dictadura
les fue difícil organizarse y volver a gritar. Pero aquí, ¿cómo les contaremos
la historia? (El
Grillo)
(1) John R. Saul “Diccionario del que duda”. Página
276. Editorial Granica. Año 2000.
