Los actores políticos se mostraron a favor de facilidades para la seguridad en la región del Caribe
Por Angelo Mercedes El Día
Santo Domingo.-¿Logro nacional,
injerencia extranjera o simple acto protocolar? Como era de esperarse, el
recién anunciado acuerdo entre Estados Unidos y República Dominicana en el que
este último autoriza a usar su espacio aéreo, así como zonas restringidas del
Aeropuerto Internacional de las Américas y de la Base Aérea de San Isidro,
enfrentó a sectores de la vida política y nacional.
A primera hora, los presidentes de
ambas cámaras del Congreso procuraron desmontar la versión de que para tal
acuerdo se requería la aprobación legislativa.
Alfredo Pacheco, en la Cámara de
Diputados, resaltó la vigencia del acuerdo de interdicción marítima vigente
desde el año 1993.
“El fortalecimiento de este acuerdo
permite al Estado proteger con mayor efectividad su espacio aéreo y sus aguas
territoriales frente a incursiones ilícitas. Es una acción necesaria y oportuna
para garantizar la seguridad del país”.
Su par del Senado, Ricardo de los
Santos, también citó fechas del acuerdo agregando que había sido ampliado en el
año 2023, por lo que no era necesario su sometimiento ante el Congreso.
Algo cauto el vocero peledeísta entre
los diputados, Gustavo Sánchez.
Este afirmó que la necesidad de que
fuera al Congreso se presentaría solo si dicho acuerdo se extiende en el
tiempo.
Consultas a Danilo, Leonel e Hipólito
Antes de que se anunciara públicamente
la decisión del Gobierno, los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e
Hipólito Mejía fueron consultados e informados sobre el pedimento de Estados
Unidos de permitir que aviones utilizados en la región para contener
organizaciones de narcotráfico pudieran abastecerse en la base aérea de San
Isidro y el Aeropuerto Internacional de las Américas.
A los tres los visitó el Ministro de
Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, en compañía del ministro de la
presidencia, José Ignacio Paliza, quienes le dieron detalles del alcance de la
autorización y el sustento jurídico para concederla.
Se les explicó que la autorización
está basada en el acuerdo para cooperación conjunta contra el narcotráfico
firmado en 1995 y empezó a ejecutarse a partir del 2003 cuando se emitió el
protocolo de aplicación.
La autorizada incluye únicamente
aviones cisterna y aeronaves de transporte militar, necesarios para
reabastecimiento, apoyo técnico y movilidad logística. El acuerdo temporal,
estará vigente hasta el 30 de abril del 2026, siempre bajo condiciones estrictas
de respeto a la Constitución, las leyes dominicanas y el derecho internacional.
Fuentes oficiales explicaron a EL DÍA
que las aeronaves, el personal militar y el personal de apoyo de Estados Unidos
no podrán realizar operaciones ni actos contrarios a la Constitución, ni
participar en acciones de carácter militar, policial o de otra índole en
territorio dominicano sin autorización expresa previa.
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