Por CNN en Español
La magistrada Carmen Lucía Antúnez
acompañó primero los votos a favor de la condena que emitieron el martes los
jueces Flavio Dino y Alexandre de Moraes, relator del caso, por los cinco
cargos contra Bolsonaro: tentativa de golpe y organización criminal, abolición
violenta del Estado democrático de derecho, daño al patrimonio público y
deterioro de bienes protegidos.
Luego el juez Cristiano Zanin, el
último en votar, también se manifestó a favor de la condena a Bolsonaro por los
cinco cargos, llevando el total de votos a cuatro.
Los cuatro jueces votaron a favor de
condenar al expresidente en todos los cargos, echando por tierra las
expectativas previas de que podría haber al menos una absolución parcial de
Bolsonaro, enviando un mensaje contundente sobre el futuro político del país
más grande de América Latina.
El miércoles, el voto en contra de
Luiz Fux había dejado una luz de esperanza para el exmandatario.
“Doy por comprobado que Jair Bolsonaro
cometió los crímenes en la condición de líder de organización criminal”, dijo
la jueza durante su exposición.
Es la primera vez en la historia de
Brasil que un expresidente es condenado por intento de golpe de Estado.
Bolsonaro cumple arresto domiciliario por desafiar restricciones impuestas por
el tribunal y fue juzgado junto a siete altos asesores y exministros que, según
los fiscales, actuaron como el “centro neurálgico” de una organización criminal
decidida a desmantelar el régimen democrático y que culminó en el asalto a las
sedes de los tres poderes en Brasilia, el 8 de enero de 2023. Más de 600
personas han sido sentenciadas por ese asedio.
Si Bolsonaro apela la condena, el
pleno de 11 miembros del Supremo Tribunal no volvería a juzgar todo el caso. En
cambio, revisaría puntos específicos como posibles contradicciones en la
sentencia, duración de la pena o interpretaciones legales.
El exmandatario, de 70 años, fue
condenado en 2023 por otra causa y quedó impedido de ejercer cargos públicos
por ocho años, al ser hallado culpable de abuso de poder por difundir
información falsa sobre la seguridad del sistema electoral brasileño ante gobiernos
extranjeros.
El caso también es seguido de cerca en
Estados Unidos. El presidente Donald Trump, que ha aplicado sanciones a
funcionarios de Brasil, calificó el juicio como una “cacería de brujas”, y esta
semana la portavoz de la Casa Blanca, consultada por el juicio, dijo que el
mandatario “no tiene miedo de usar el poder económico y militar” de su país
para proteger la libertad de expresión. El Gobierno de Lula respondió en un
comunicado: “El primer paso para proteger la libertad de expresión es
justamente defender la democracia y respetar la voluntad popular expresada en
las urnas”.
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