·La demanda surge por el incumplimiento en el pago de más de 300 millones de pesos en bonos de rendimiento individual.
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Santo Domingo, RD. _ La Asociación de Servidores Públicos de la Contraloría General de la República (ASP-CGR) denunció hoy el reiterado incumplimiento por parte de esa institución, en el pago de los Incentivos de Rendimiento Individual ascendente a más de 300 millones de pesos, correspondientes a los años 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.
La Contraloría General de la República, dirigida por
Félix Antonio Santana García, fue demandada por ante el Tribunal Superior
Administrativo, y entre otros requerimientos, se les exige honrar la deuda de
RD$580 millones, debido al incumplimiento durante seis años consecutivos del
pago de incentivos laborales, a sus propios servidores de Carrera
Administrativa.
Oliver Batía, abogado director del Centro Jurídico Batía
Ramos y representante de la Asociación de Servidores Públicos de la Contraloría
General de la República (ASP-CGR), tildó de descarado el incumplimiento de
pagos de bonos por más de 300 millones de pesos, correspondientes a los años
2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, a pesar de existir leyes, decretos y
resoluciones que obligan a su entrega, antes de finalizar cada año.
“Esto no es un simple retraso administrativo, es un abuso
sistemático contra servidores públicos de carrera que han cumplido con su labor
y han superado las metas exigidas. Es hora de que la Contraloría cumpla la ley
y respete a su gente”, afirmó el abogado Oliver Batía, representante legal de
la ASP-CGR.
Batía expresó, además, “el derecho a esos pagos está
sustentado en la Ley 41-08 de Función Pública, los Decretos 523-09 y 527-09,
así como resoluciones emitidas por el Ministerio de Administración Pública
(MAP)”.
La Asociación advirtió, a través del acto administrativo,
que este caso podría abrir la puerta a nuevas demandas contra el Contralor
Félix Antonio Santana García, la Dirección General de Presupuesto y su director
José Rijo Presbot, así como contra el Ministerio de Administración Pública, por
su complicidad en la retención ilegal de derechos adquiridos.
Lo que dice la norma
En la Ley 41-08 de Función Pública, el Estado reafirma su compromiso de regular de manera justa y transparente las relaciones laborales entre la administración pública y sus servidores. En sus Artículos 45 al 48, la ley dispone que la evaluación del desempeño de los servidores públicos de carrera constituye un mecanismo objetivo e imparcial para determinar incentivos económicos, académicos o morales, así como para definir su permanencia, promoción y ascenso en el servicio público.
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