El embajador dominicano ante la OEA, Josué Fiallo negó que se estén produciendo deportaciones masivas.
Por SERVICIOS DE ACENTO.COM.DO
Mantilla hizo la sugerencia al final de una
audiencia virtual de la CIDH centrada en los derechos humanos de los migrantes
haitianos y de sus descendientes en República Dominicana.
La mesa serviría "no para
solucionar" los problemas, "sino para plantear posibilidades" y
para aportar la experiencia de la CIDH en la aplicación de los estándares de
respeto a los derechos humanos, dijo.
"La comisión quiere escuchar, conocer y
aportar en esa línea", manifestó Mantilla, después de agradecer al Estado
dominicano por su "colaboración", puesta de manifiesto por su
participación a alto nivel en la reunión de hoy.
En la audiencia, los descendientes de
haitianos denunciaron que se producen "obstrucciones" por parte del
Estado dominicano en los procesos legales que atañen a los miles de personas
que fueron despojadas de la nacionalidad dominicana en virtud de una sentencia
judicial emitida en 2013.
Afirmaron que más de 35.000 personas que
recuperaron la nacionalidad dominicana gracias a una ley de 2014 aún no han
recibido su documento de identidad.
Esta situación les causa problemas para
acceder a servicios públicos, entre ellos de salud o de educación, y le expone
al riesgo de ser deportados a Haití, según denunciaron.
Otro grupo compuesto por cerca de 8.000
personas que se acogieron a un plan de regularización para obtener la
nacionalidad dominicana, hay 7.149 personas a la espera de una decisión final
por parte del Ejecutivo, a pesar de que el proceso concluyó en 2015.
Otras 800 personas de ese grupo recuperaron su
nacionalidad dominicana por medio de dos decretos firmados entre 2020 y 2021,
pero hasta el momento ninguno de ellos ha recibido la documentación que
acredite su nacionalidad, según denunciaron.
En la audiencia, el embajador dominicano ante
la OEA, Josué Fiallo, expuso los esfuerzos del Estado para regularizar a las
personas afectadas por la sentencia de 2013 y defendió que los planes de
regularización se acoten a un plazo determinado, rechazando que se mantengan de
forma permanente.
De forma paralela, los grupos de la sociedad
civil también denunciaron las recientes "deportaciones masivas" de
haitianos, incluyendo a mujeres embarazadas, lo que ha suscitado críticas por
parte de la ONU.
El representante regional de la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH),
Alberto Brunori, recordó que el sistema de Naciones Unidas se ha pronunciado en
dos ocasiones al respecto y que, el pasado febrero, el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomendó a República
Dominicana que suspenda las deportaciones de mujeres embarazadas.
Fiallo negó que se estén produciendo
deportaciones masivas y explicó que desde 2018 se ha triplicado el número de
mujeres haitianas que dan a luz en hospitales dominicanos, recalcando que el
Estado invierte 5.4 millones de dólares al año en darle atención médica a las
parturientas haitianas.
