El recorte de más del 60 por ciento del personal diplomático de la Embajada estadounidense en Cuba y la limitación de viajar al país para los familiares de los funcionarios se harán permanentes a partir del próximo 5 de marzo, de acuerdo con un comunicado difundido el viernes por el Departamento de Estado.
La nota oficial apunta que la Embajada venía operando desde el 29 de septiembre bajo el estatus de «orden de partida», que implicó la paralización de los servicios consulares y que solo se mantuvieran las funciones esenciales de atención a los estadounidenses y casos de emergencia.
El 4 de marzo se cumplía el plazo de 180 días establecido para regresar su personal a Cuba u oficializar la reducción.
Washington optó por la segunda vía y ordenó que el lunes entrase en vigor un nuevo «plan permanente», bajo el cual su Embajada continuará operando con el «personal mínimo necesario para llevar a cabo funciones diplomáticas y consulares indispensables», muy similar al que se encontraba hasta ahora.
Además, precisaron, su misión funcionará como un puesto sin acompañantes, que se define como una asignación en un país en el cual no se permite que residan miembros de la familia.
La excusa esgrimida una vez más es la permanencia de riesgos relacionados con los supuestos «ataques» contra funcionarios estadounidenses en la capital cubana. Sin embargo, meses de investigaciones, tanto de Cuba como de Estados Unidos, no han aportado una sola evidencia que demuestre la ocurrencia de dichos incidentes.
La decisión de Washington «responde a motivaciones políticas y no tiene relación alguna con la seguridad de sus funcionarios», aseguró el viernes en la red social Twitter el director general de Estados Unidos de la Cancillería cubana, Carlos Fernández de Cossío.
Cossío criticó que Washington continúe utilizando la palabra «ataque», cuando «sabe perfectamente bien que ningún ataque ni acto deliberado ocurrió en Cuba contra sus diplomáticos».
«Es falso que el personal de la Embajada esté o haya estado en riesgo», dijo. «Es falso que se haya permitido en Cuba o que pueda haber ocurrido en Cuba por parte de alguien alguna acción deliberada contra diplomáticos de los Estados Unidos», precisó.
Al respecto, puntualizó que el gobierno de Estados Unidos tiene evidencias suficientes de que Cuba es un país seguro para sus diplomáticos, y los de cualquier otro lugar del mundo, así como para los millones de extranjeros que visitan cada año la Mayor de las Antillas.
«La decisión del Departamento de Estado afecta años de progreso hacia la normalización de las relaciones con Cuba», dijo la congresista Barbara Lee en la red social Twitter. «Se le debería permitir a nuestros diplomáticos hacer su trabajo y regresar a sus puestos en Cuba». (caribbeannewsdigital.com)
