Listín Diario
Santo Domingo, LD.- La Sociedad Dominicana de Diarios
expresó su preocupación y rechazo a la reciente “Política de Protección de
Datos del Poder Judicial”, emitida por la Suprema Corte de Justicia. Según la
entidad que reúne a los principales medios impresos de República Dominicana,
esta política intenta imponer restricciones unilaterales que contravienen
preceptos constitucionales y legales relacionados con el derecho de los
ciudadanos al acceso a la información sobre procesos judiciales.
En un comunicado oficial, la Sociedad Dominicana de
Diarios denunció que la medida fomenta la opacidad en el sistema judicial,
otorgando un exceso de discrecionalidad a las autoridades para ocultar datos
clave, lo cual afectaría la transparencia y el ejercicio de las libertades
públicas. Esto, según la entidad, dificultaría el acceso a fuentes públicas y
privadas de interés colectivo, afectando principalmente el trabajo de la prensa
en su labor de informar al público.
La Suprema Corte de Justicia ha fundamentado esta
política en una interpretación errónea de diversas normativas que no aplican a
los procesos judiciales, lo que, según la Sociedad Dominicana de Diarios,
contradice las disposiciones legales que respaldan el acceso a los expedientes
judiciales. En este sentido, la organización recordó que el artículo 69 de la
Constitución establece que toda persona tiene derecho a un juicio público, oral
y contradictorio, con pleno respeto a su derecho de defensa.
Asimismo, la Sociedad argumentó que la política propuesta
por la Suprema Corte se basa en una interpretación incorrecta de la Ley número
172-13, sobre la protección de datos personales. La ley, que establece medidas
para proteger la privacidad y el honor de las personas, también garantiza el
acceso a la información en conformidad con el artículo 44 de la Constitución.
En particular, el artículo 1 de la ley señala que no se afectarán las fuentes
de información periodísticas, y el artículo 4 estipula que la protección de
datos no aplica a archivos de organismos encargados de la prevención,
persecución y castigo de delitos.
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