Por Mariano Abreu
Una compleja red integrada por abogados, agrimensores, militares,
empleados de instituciones públicas vinculados a la Cámara de Comercio y
Producción de Santo Domingo, habrían montado un mayúsculo fraude para
apropiarse de seis millones trescientos sesenta y tres mil doscientos dos
metros cuadrados (6,363,202 mts2) en zona de playa, en el distrito municipal
Sabana Buey, Baní, en la provincia Peravia.
Según los denunciantes, la supuesta red conformó una asociación ilícita que confeccionó y utilizó
centenares de documentos falsos (contratos de venta de acciones, actas de
asambleas, estados financieros, declaraciones juradas y otros documentos
corporativos), relativos a Costa Dorada, S. A., con la finalidad de apoderarse
de su capital social, y con ello de los terrenos con vocación turística.
El inmueble envuelto en la acción fraudulenta está localizado al lado
del Proyecto Los Corbanitos, actual proyecto Punta Arenas, y el mismo fue
adquirido por el señor Juan Mayol Garrido (EPD), en fecha 13 de junio del 1967,
quien lo aportó en el año 1976 a la sociedad Costa Dorada, una empresa en la
que poseía el 99.9% del capital accionario, vendiendo al año siguiente el 50%
de las acciones a la familia Serrano Oms, todos pertenecientes a familias de
empresarios tradicionales, responsables de la creación de varias empresas desde
la década del 40, lo propio la familia Serrano OMS de Baní.
Dado el potencial para desarrollar en dichos terrenos un proyecto
turístico de gran envergadura han fraguado y ejecutado actos ilegales para
adueñarse de esta propiedad. Afirman que algunos de esos individuos se
encuentran involucrados en el caso Bahía de las Águilas.
Los denunciantes acusan al Dr. Rafael Olegario Helena Regalado, a la
licenciada Judith Franchesca Aguasvivas Báez, a la ingeniera Ailec Paloma Soto
Garabito, entre otros, utilizando el vehículo corporativo Global Multibusiness
Corporation.
A pesar de haberse descubierto sus intenciones fraudulentas, por haber
sido sometidos a la acción de la justicia, tanto por el ministerio público como
por las sociedades Hilari Mayol, Mayol & Co., Okra Company, y, Gran Kays,
reales propietarios de la empresa Costa Dorada, los acusados se aferran a la
idea de que las familias Mayol y Serrano Oms desistirán de sus legítimos
derechos, y por lo tanto, se encuentran boicoteando las acciones legales de la
fiscalía y de dichas víctimas.
“Son insaciables y capaces de todo con tal de adueñarse de lo ajeno”,
refieren los abogados de la defensa de los legítimos propietarios, integrada
por los licenciados Manuel Sierra Pérez, Ignacio A. Miranda Cubilette, Addy
Manuel Tapia De la Cruz, Laura Acosta Lora, Nelys Rivas Cid y el Doctor Jorge
A. Morilla Holguín.
“Este inmueble, localizado en zona costera, cuya parte sur colinda con
playa, fue adquirido con fines de inversión, con la intención de desarrollar en
el futuro, cuando se dieren las condiciones propicias, y fueran realizadas las
obras de infraestructuras necesarias de parte del gobierno, un proyecto
turístico.”
“Esos terrenos fueron adquiridos por un valor de RD$600 mil pesos en el
1967 y hoy, 54 años después, mediante acciones fraudulentas, pretenden
apropiarse de estos alegando que compraron los mismos por una cantidad menor”.
A los señores Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto
Garabito y Judith Franchesca Aguasvivas Báez, le tipifican los crímenes de:
asociación de malhechores, previsto y sancionado por los artículos 265, 266 y
267 del Código Penal de la República Dominicana; falsedad en escrituras de
comercio, previsto y sancionado por el artículo 147 del Código Penal; falsedad
en escrituras auténticas, previsto y sancionado por el artículo 146 del Código
Penal; y, uso de documentos falsos, previsto y sancionado por el artículo 148
del Código Penal de la República Dominicana.
Los abogados denunciantes, afirman que Dr. Rafael Olegario Helena
Regalado, y Global Multibusiness Corporation, se encuentran involucrados en el
caso de Bahía de Las Águilas, donde se utilizaron métodos parecidos a los
empleados en el caso de Sabana Buey, de
conformidad con el estudio de ambos expedientes.
Un caso como el presente no se puede realizar sin tener abogados y
agrimensores dirigiendo las acciones, por el gran número de documentos que fue
necesario crear y darles apariencia de verdaderos. Había todo una estructura y
un esquema de naturaleza seudo-legal. Igualmente se utilizaron técnicas
modernas de falsificación, tal como la duplicación digital computarizada, para
lo cual debieron auxiliarse de expertos informáticos que se encuentran al servicio
del crimen.
Igualmente se necesitan conexiones en las instituciones públicas en las
cuales reposan las informaciones necesarias para ubicar terrenos de gran valor
que no están siendo dedicados a la producción agrícola, o, al levantamiento de
edificaciones, o, que pertenecen a sociedades que se encuentran sin una
actividad comercial actual, lo que los convierte en vulnerables para este tipo
de organización criminal.
Pero, además, necesitan sentirse apoyados por algunas autoridades
inescrupulosas enquistados en algún o algunos de los diversos poderes del
Estado.
