MELVINSON ALMANZAR
Califica como sospechoso que se hayan
otorgado los permisos de operación de ese aeropuerto en un tiempo récord.
SANTO DOMINGO.- La Alianza Dominicana Contra
la Corrupción (ADOCCO), solicitó a la Procuraduría Especializada de Persecución
de la Corrupción Administrativa (PEPCA) iniciar una investigación exhaustiva
con respecto a las denuncias de irregularidades cometidas por 17 exfuncionarios
en el proceso de aprobación del Aeropuerto Internacional de Bávaro.
Julio César De la Rosa Tiburcio, presidente
de ADOCCO, se refirió al tema al ser cuestionado sobre las dos denuncias que la
Corporación Aeroportuaria del Este ha depositado ante el PEPCA contra 17
exfuncionarios por haber cometido una serie de irregularidades en todo el
proceso de aprobación de ese aeropuerto, como fue otorgarlo sin una licitación,
en un tiempo récord y sin los estudios técnicos correspondientes, sólo con
información amañada y parcializada de la parte interesada.
“Nosotros como entidad de la sociedad civil
hacemos un llamado a la Procuraduría Especializada de Persecución de la
Corrupción Administrativa a que obtempere a darle curso a estas denuncias y se
establezcan las responsabilidades de lugar”, señaló.
Calificó como sospechoso que se hayan
otorgado los permisos de operación de este aeropuerto en un tiempo récord, ya
que “se puede advertir que el período para la entrega de un permiso de
explotación de operación de una obra de esta naturaleza, debe hacerse en un
tiempo razonable y, sobre todo, haciendo todos los análisis pertinentes”.
“Por ello, entendemos que debe el PEPCA darle
respuesta efectiva a lo que ha sido la presentación de esta denuncia y que se
establezca la responsabilidad de cada uno de los servidores públicos que,
teniendo en sus manos el otorgar los permisos correspondientes, lo haya hecho
de manera irregular”, enfatizó.
De la Rosa Tiburcio lamentó que el Ministerio
Público aún no haya dado respuesta a las dos denuncias presentadas formalmente
ante el PEPCA.
“Es muy lamentable que el Ministerio Público
no haya obtemperado ante la presentación de las denuncias hecha por una entidad
moral que tiene a sus representantes, quienes han hecho las diligencias
pertinentes y aún no se les haya dado respuesta. Y sobre todo porque comprende
una práctica de corrupción en el sentido de que la prevaricación, que es el
ejercicio de favorecer a alguien de manera particular cuando el deber del
funcionario es proteger los intereses colectivos de toda la sociedad en sentido
general”, apuntó.
Manifestó que, desde que inicie la
investigación, corresponde al Ministerio Público establecer responsabilidades
de manera individual pues recordó que en materia penal la responsabilidad penal
es individual y por ello debe llamarse a indagatoria a cada uno de los
servidores públicos que tuvieron que ver con la autorización de operación del
Aeropuerto Internacional de Bávaro.
Expresó que el Ministerio Público está en la
obligación de iniciar toda investigación que conduzca al esclarecimiento de la
comisión de un crimen o delito, incluso sea por el simple rumor público o
porque se haya apoderado de oficio al tomar conocimiento de la comisión de un
ilícito penal, y en este caso ya pesan dos denuncias por corrupción.
En las denuncias depositadas por la
Corporación Aeroportuaria del Este se solicitó a la PEPCA investigar a los 17
exfuncionarios por la comisión de los delitos de coalición de funcionarios,
prevaricación, usurpación de funciones, atentado a la Constitución y otros
delitos sancionados por el Código Penal. También por otorgar bajo una figura no
contemplada en el ordenamiento jurídico dominicano, de conformidad y no
objeción, sin licitación previa, y promover e incitar al Poder Ejecutivo a
cometer un acto ilícito con relación a la construcción de un aeropuerto en el
municipio Bávaro, provincia La Altagracia.
ADOCCO es una asociación sin fines de lucro
que busca promover la transparencia y la responsabilidad en el manejo de los
recursos del Estado y tiene entre sus objetivos denunciar los actos de
corrupción en las instituciones públicas, así como en las instituciones
descentralizadas y los ayuntamientos.
También, promover la despolitización de la
Cámara de Cuentas; exigir la rendición de cuentas a los funcionarios y
autoridades; y presentar ante la Procuraduría General de la República,
Procuradurías Fiscales y Tribunales judiciales del país el sometimiento de los
sospechosos de incurrir en actos de malversación de los recursos del erario
nacional.
