Por Airon Fernández Gil
Santo Domingo.- La
teoría económica y su relación con Ley obligaría a funcionario público usar
servicios de salud y educación públicos*
El riesgo moral
La teoría económica
neoclásica que, en lo fundamental, es sobre la cual se rige el mundo
capitalista del cual formamos parte, analiza el problema del riesgo moral. Éste
consiste, aplicado al caso típico de la compañía de seguros, en que la parte
asegurada, cuyo comportamiento no puede ser controlado totalmente, puede
influir en aumentar la probabilidad de sufrir, por ejemplo, un accidente o una
lesión, lo que el aumenta el pago, por encima de lo previsto, que tiene que
hacerle la aseguradora. Cuando la compañía aseguradora no puede controlar el
comportamiento de los asegurados, se ve en la obligación de aumentar la prima
de los seguros o sencillamente no venderlos.
Esta teoría también
aplica el problema del riesgo moral a las relaciones entre trabajadores y
empleadores, cuando los primeros, al no poder ser vigilado su comportamiento
por los segundos, rinden menos trabajo de lo esperado. Por lo tanto, los
empleadores crean mecanismos, como registrar la hora de entrada y salida, la
colocación de cámaras de vigilancia, etc., para eliminar el riesgo moral.
Dicho esto, el problema
también se aplica a la relación entre funcionarios públicos (mandatarios) y
ciudadanos (mandantes).
Cuando los
ciudadanos-mandantes, que eligen, emplean y pagan los salarios de los
funcionarios públicos, no pueden controlar o vigilar la conducta de éstos, son
víctimas del problema del riesgo moral. Los funcionarios públicos, al ver
asegurada su existencia con privilegios y salarios más que dignos, pueden
holgazanear y tornarse ineficientes y desinteresados en mejorar la calidad de
los servicios públicos que diseñan, administran y para los cual les pagamos con
nuestros impuestos. Además, éstos pueden incurrir en actos de corrupción, que
desvían fondos públicos que deberían invertirse en garantizar derechos
fundamentales, como educación y salud de calidad, y crean las condiciones para
garantizarse impunidad. Y ésta es la realidad que vive República Dominicana hoy
en día.
Ante esto, los
ciudadanos-mandantes, además de protestar, deberían exigir la creación de
mecanismos e incentivos para eliminar o reducir el riesgo moral de los
funcionarios públicos.
El problema del principal y el agente
La escuela económica
antes citada, también analiza el problema del principal y el agente. El agente,
es la persona o conjunto de personas empleadas por el principal para que
trabajen en función de los objetivos de éste último. El principal, es la
persona o grupos de personas que emplean a uno o más agentes con la finalidad
de alcanzar sus objetivos.
Tomando como ejemplo la administración pública,
los agentes son los funcionarios públicos y el principal, los ciudadanos
dominicanos. En este caso, incluso estamos hablando de un ‘principal difuso’, o
sea, de millones de dominicanos y dominicanas. El problema del principal y el
agente consiste, ante la insuficiencia de información (transparencia) y control
efectivo (que suelen ser costosos) sobre su conducta, que los objetivos e
intereses de los funcionarios públicos no se correspondan con las necesidades e
intereses de la ciudadanía que los emplea, generándole a ésta cuantiosas
pérdidas y deuda social.
