Esmil Nina Rcavada
Se querella contra los ministros de Educación y de Obras Públicas
El presidente del Movimiento Rebelde, Juan Hubieres, depositó este lunes
una querella ante la Procuraduría General de la República, a los fines de que
se inicie una investigación por supuestas irregularidades en el proceso de
licitación para la adquisición de autobuses para el programa de transporte
Escolar (Trae), donde se invirtieron más de dos mil 500 millones de pesos.
Según el dirigente chóferes el Ministerio de Educación conjuntamente con
el Ministerio de Obras Públicas violaron la Ley 340-06 sobre Compras y
Contrataciones y la Ley 63-17 del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre
(Intrant).
Decenas de simpatizantes rebeldes acompañaron a Hubieres, quién mientras
depositaba el documento en la secretaría general de la Procuraduría, explicó
que la operatividad del servicio del Transporte Escolar tiene múltiples
elementos de ilegalidad que deben ser investigados.
“Y es que en agosto del presente año el Ministerio de Educación abrió
una licitación aperturando los procesos de excepción para la contratación de
servicios de transporte escolar, sin que el país estuviera en Estado de
Emergencia lo que representa una ilegalidad, además, más del 90% de los
autobuses que se están utilizando no cumplen con los requerimientos de la Ley
68-17 del Intrant y; las más de nueve empresas que fueron favorecidas con la
licitación en su mayoría nunca han sido prestadoras de servicio de transporte
en el país, con excepción de una o dos”; señaló Hubieres.
Juan Hubieres del Rosario, encabeza la acción penal en contra del
Ministro de Educación, Ángel Hernández y el Ministro de Obras Públicas, Deligne
Ascensión.
En la querella, Juan Hubieres, acusa a dichos funcionarios de incurrir
en los delitos de asociación de malhechores, coalición de funcionarios, estafa,
robo al Estado, entre otros cargos, cometidos por alegada estafa al Estado con
el Transporte Escolar.
En la instancia depositada solicita a la Procuradora, Miriam Germán,
designar los fiscales investigadores, así como los peritos y técnicos
necesarios para levantar la investigación a “profundidad” de “los hechos
denunciados”.
El también líder rebelde, llamó a la Procuraduría a investigar todas las denuncias hechas por Ramón Báez Figueroa, dueño del quebrado banco Baninter; y en especial lo referente a que al Estado le correspondía el 30% de Coastal Petroleum Dominicana.
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