Redacción El Caribe
Las gestiones de mediación y diálogo de
terceros, y las negociaciones arbitradas por el Ministerio de Trabajo, no han
dado todavía ningún fruto, por lo que se empieza a temer que la suspensión de
operaciones se encamine a un cierre definitivo.
Si ocurriese tal cosa, sería la peor de las
soluciones porque perderían todas las partes, especialmente y de manera directa
los más de 700 trabajadores y sus familiares, más toda la comunidad de Maimón,
provincia Monseñor Nouel, donde la empresa minera es pieza angular de su
desarrollo.
Es un factor que la dirección sindical debe
sopesar, porque aunque se considere axiomático que si no hay empresa tampoco
sindicato, su intransigencia en un solo punto, el del monto de la bonificación,
que parece ser la causa del tranque, no es motivo para jugarse la última carta
de la partida.
La empresa alega que ha cumplido lo pactado
en el Convenio Colectivo vigente, y entregado una bonificación equivalente a
RD$18,245,214, pese a que la mina ha permanecido cerrada el año pasado durante
cinco meses por un accidente laboral.
Lo entregado por concepto de bonificación el
sindicato lo considera incompleto, pero quizá amerite de su parte un poco de
comedimiento y raciocinio, porque Cormidom también le recuerda que mantuvo
todas las reivindicaciones durante la pandemia que cubrió, prácticamente sin
realizar operaciones, un largo tramo de aproximadamente ocho meses.
Si se prolongase este conflicto, sería
también un mal mensaje para el inversionista extranjero.
Aunque no compartamos las opiniones
externadas por la Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera
(Asiex), la Mesa de la Mancomunidad y la propia empresa Cormidom de que estaría
en riesgo la estabilidad y la seguridad jurídica, sí creemos que lo de Maimón
enturbiaría, de cara al futuro, el excelente clima y el atractivo de República
Dominicana para el inversionista.
El ministerio de Trabajo, al margen de los
procesos legales incoados por la empresa en los tribunales y de la cerrazón de
la dirección sindical, debe redoblar sus esfuerzos de conciliación,
equidistante siempre de los intereses en juego y en cumplimiento y garantía del
Código Laboral y de los convenios internacionales sobre libertad sindical de
los que el país es signatario.
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