Las estadísticas oficiales muestran que los abusos policiales están a la orden del día en República Dominicana |
Por Chiara Liguori, con el equipo de Amnistía Internacional en República Dominicana.
Eduardo tiene graves quemaduras en el abdomen y en la pierna derecha. También ha perdido parcialmente la audición en el oído izquierdo y padece dolores de cabeza insoportables tras las fracturas sufridas en el cráneo.
Bruveiker (“Bruvi”) tiene enormes dificultades para caminar como consecuencia de un disparo recibido en la zona lumbar; la bala le perforó el intestino y el pene.
Pedro ha perdido la audición en el oído izquierdo y sufre alteraciones en el sentido del equilibrio.
Humberto tiene cuatro clavos en la pierna izquierda tras una fractura de fémur.
Estos cuatro hombres tienen una cosa en común: todos ellos han sufrido abusos por parte de la policía en República Dominicana.
Y no son los únicos.
Según cifras oficiales, entre enero y julio de 2011 la policía acabó con la vida de 154 personas en República Dominicana, frente a las 125 víctimas en el mismo periodo en 2010.
Me reuní con estos cuatro hombres como parte de una delegación de Amnistía Internacional que visitaba República Dominicana para publicar un informe sobre los alarmantes niveles de violencia policial en el país.
El 2 de octubre de 2011, en la localidad de Bahiahibe, al este del país, un agente de policía golpeó a Eduardo Concepción Portorreal por detrás del oído izquierdo con una pistola cuando éste cuestionó la detención de su amigo.
Eduardo se desmayó. Al cabo de unas horas, cuando se despertó, descubrió que tenía quemaduras por todo el cuerpo. Los testigos afirman que, mientras Eduardo se encontraba inconsciente, el policía le provocó quemaduras con una pieza muy caliente del motor de su vehículo. Más tarde, el agente fue detenido por este abuso.
El 7 de octubre de 2011, un agente de policía disparó a Bruveiker Baldes Reinoso en el patio de la vivienda de su tía, en la localidad de Higuey, también al este del país. Bruveiker había ofrecido resistencia a su detención y se había escondido aquí para huir de los disparos de la policía. El agente le disparó por la espalda, a pesar de que Bruveiker tenía las manos en alto y pedía clemencia.
El 13 de octubre de 2011, en San Cristóbal, al sur de República Dominicana, un agente de policía golpeó en la cabeza a Pedro Arias Roja mientras lo detenían por el presunto robo de un arma de fuego. En la comisaría, varios policías le cubrieron la cabeza con una bolsa de plástico y lo siguieron golpeando.
El 17 de septiembre de 2011, Humberto Cabrera se encontraba en su casa de La Romana, al este de República Dominicana, cuando cuatro agentes de policía del departamento antinarcóticos, vestidos de civil, acudieron a su domicilio para arrestarlo. Cuando Humberto cuestionó su detención, un agente de policía le disparó en la pierna. Lo sacaron de la casa a rastras, y uno de los agentes saltó sobre la pierna que tenía herida.
Las vidas de estos hombres han quedado marcadas para siempre por los abusos policiales, y su sufrimiento es difícil de imaginar.
Ninguno de ellos sabe si podrá volver a recuperarse totalmente de las lesiones. En la actualidad no pueden trabajar como consecuencia de las lesiones sufridas, y tampoco pueden afrontar el elevado coste del tratamiento médico que necesitan. No han recibido ningún tipo de indemnización por lo ocurrido.
Ninguna de las personas responsables de los abusos cometidos contra ellos ha sido llevada ante los tribunales, a pesar de que el dolor ocasionado por la policía nacional a estos hombres es visible y tangible.
Nuestras investigaciones han revelado que el cuerpo nacional de policía de República Dominicana es responsable de homicidios ilegítimos, detenciones arbitrarias, torturas y otros malos tratos a detenidos.
Sin embargo, las autoridades dominicanas lo niegan. El día antes de reunirnos con las víctimas, varios altos cargos del cuerpo nacional de policía nos aseguraron que en República Dominicana no hay casos de tortura, y que todos los abusos se investigan de forma inmediata. Muchos afirman que los niveles de delincuencia y violencia en el país son cada vez más elevados, lo que justifica la puesta en marcha de una actuación policial más dura.